La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Macyszyn, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca incrementar las penas para los delitos de robo cometidos con armas de juguete o réplicas. Macyszyn, junto a Carolina Píparo, justificó la iniciativa y señaló: «Los ladrones saben que si usan un arma de utilería salen a los 5 minutos».
«Presenté un proyecto para que el uso de amas de juguete o réplicas en ocasión de robo sea un agravante y no un atenuante de la pena. Necesitamos leyes a la medida de la ciudadanía honesta y no de los delincuentes», expresó Macyszyn que es licenciada en Administración de Empresas y además tiene una maestría en Políticas Públicas.
El proyecto de ley de Macyszyn propone que el uso de armas de juguete sea considerado un agravante en lugar de un atenuante en los delitos de robo. Actualmente, las penas por este tipo de delitos varían entre 3 y 10 años, pero si se aprueba la propuesta, se establecerán penas de reclusión o prisión de 5 a 15 años cuando la violencia ejercida cause lesiones especificadas en los artículos 90 y 91 del Código Penal.
El objetivo del proyecto es desalentar el uso de armas no letales en robos, ya que muchos delincuentes se aprovechan de la menor severidad de las penas asociadas. El proyecto subraya la necesidad de ajustar las leyes para reflejar la gravedad del impacto psicológico y físico que estos delitos tienen en las víctimas, independientemente de la naturaleza del arma utilizada.
Esto quiere decir que la pena puede ser de hasta 15 años si el robo con arma de juguete provoca como resultado en la víctima una enfermedad mental o corporal incurable. Macyszyn explicó: «Es imposible para una víctima distinguir si el arma que porta el delincuente es de utilería, réplica o de juguete». Esta incertidumbre aumenta el poder intimidante del delincuente, generando un mayor estado de indefensión en la víctima.
El freno a las armas de juguete en ocasiones de robo
En definitiva, esta iniciativa resalta la importancia de adaptar constantemente las leyes para abordar los desafíos emergentes en materia de seguridad pública. La creciente utilización de armas no letales en la comisión de delitos evidencia la necesidad de actualizar el marco legal para asegurar una respuesta adecuada y efectiva por parte del sistema de justicia.
