El déficit que arrastra la caja previsional de Santa Fe puso a las cuentas fiscales al rojo que, con la suspensión del envío de fondos nacionales, terminó de complicar las finanzas de la provincia. En consecuencia, el gobernador Maximiliano Pullaro avanza en un plan para reformar el sistema.
En el 2023, «la caja arrojó un déficit de $130 mil millones y este año, al 30 de abril, el pasivo que acumuló supera los $100 millones que se cubren con partidas de rentas generales», explicó en diálogo con La Política Online el secretario de Seguridad Social santafecino, Jorge Boasso. De seguir así, a fin de año, se habrán destinado más de 400 mil millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones de los 102 mil beneficiados que tiene Santa Fe.
«No se puede seguir así porque es inviable», consideró el funcionario. Las cifras se vuelven más preocupantes si se tiene en cuenta que Pullaro tramita la emisión de bonos por 50 mil millones, la mitad del déficit que arrojó la caja en los primeros meses, para reparar los accesos a los puertos y hacer obras urgentes para el conglomerado agroexportador por donde se exporta el 80% de la producción.
El gobernador aseveró que se opone a la privatización del sistema, como sucedió en la década de los 90 con las AFJP, y también se resiste a transferir la caja a Nación, como hicieron muchas provincias. Por lo tanto, impulsó la creación de una comisión que la conformarán senadores, diputados, especialistas y gremios estatales para que reformen el sistema.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta y se espera que no tenga problemas en Diputados, aunque el socialismo, el bloque oficialista más grande, presentó algunos reparos. De esta manera, Boasso espera reeditar en Santa Fe al Pacto de Toledo, por el cual el Congreso español aprobó, en 1995, las bases del sistema previsional vigente en la actualidad.