La Superintendencia de Servicios de Salud demandó hoy a otras 13 empresas de medicina prepaga por los fuertes aumentos que mantienen en sus cuotas a partir de la desregulación desde diciembre a la fecha. Así, son un total de 36 las empresas demandadas ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal donde un juez ya dictó una cautelar.
Inicialmente, fueron 23 las intimadas por la Justicia para retrotraer sus valores a diciembre y aumentarlos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Indec. Solo resta que el próximo 27 de mayo en audiencia, las prepagas informen sobre cómo devolverán el dinero que han cobrado por demás a los afiliados.
Eso luego de la audiencia donde concurrirá también la Superintendencia de Servicios de Salud y les presentarán el plan de devolución que aquellos sugirieron que no sea en más de siete cuotas. No obstante quien apruebe o no el plan de devolución será el juez. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud amplío la demanda y ahora incluyó a otras 13 empresas que no fueron alcanzadas por la primera cautelar dictada por el juez.
Las nuevas demandadas son International Health Services Argentina S.A.; Obra Social YPF; OPDEA; OSDEPYM; Fundación Médica de Mar del Plata; ENSALUD; Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad; COBENSIL; MEDIN S.A.S.M.A; Centro Médico Pueyrredón; Programa de Salud S.A; Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A; y la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo.
Qué dicen las prepagas sobre la decisión del Gobierno
En general, las empresas de medicina prepaga no creen poder cumplir con las ordenes de la justicia y apelarán por miedo a quebrar. «Es un golpe extremadamente duro, que pone el borde del nocaut a varias compañías», reconoció una de las prepagas. Remarcaron que «con la cuota congelada hasta fin de año y tener que ir devolviendo lo que se cobró por encima de la inflación será muy difícil«.
El sector de la medicina privada abarca aproximadamente el 15% del sistema de salud del país, unas 6 millones de personas. Las empresas sostienen que su sistema, a pesar de sus falencias, funciona, y que el foco de atención debería estar en el servicio público desbordado. En caso de que las algunos de estos actores privados entre en quiebra y no pueda continuar sus actividades por la decisión de la justicia, los pacientes se podrían volcar al sistema público ya colapsado.
