El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, volvió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y salió con los tapones de punta contra el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal porteña por su accionar en la investigación por el almacenamiento y distribución de alimentos para los comedores desde depósitos pertenecientes a la mencionada cartera nacional.
“Ella (Pettovello) está viviendo un momento complicado, porque, para ponerlo claro, ¿a vos te parece que un juez federal de la Nación y una Cámara le puede decir al Poder Ejecutivo: ‘Mándenme el plan de distribución de alimentos’?”, aseguró este jueves Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. E interrogó: “¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes? La administración es del Ejecutivo”.
A su vez, el ministro coordinador afirmó que la Justicia debe actuar en caso de existir “delito”, pero no puede decirle al Ejecutivo lo que tiene que hacer en materia de distribución alimentaria. “¿Cómo pueden decirle al Ejecutivo en 24 horas presenten un plan para la distribución de alimentos? ¿Y si la política del Gobierno no es esa? ¿Y si esos alimentos están para situaciones de emergencia?”, preguntó.
El funcionario también se refirió a la causa por los contratos de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y explicó que se utilizan para financiar “personal en el sector público mientras todavía no está designado”. “Hubo una denuncia sobre ese tema y eso fue a la oficina anticorrupción. Ese organismo le dijo a Pettovello que tenía que presentarla en la Justicia y fue lo que hizo. No hay ahí hasta el momento la demostración de un ilícito”, argumentó Francos.
El último fallo de Casanello en la causa
El miércoles, la Cámara Federal porteña confirmó la cautelar de Casanello que le ordenó al gobierno de Javier Milei elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos. El tribunal avaló la decisión del juez de “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, que el gobierno nunca cumplió. El tribunal señaló que en la causa “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”. “Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
