En un encendido discurso, el diputado radical Rodrigo De Loredo criticó duramente al oficialismo por las acusaciones de «degenerados fiscales» dirigidas a su bloque tras la media sanción en Diputados de la nueva fórmula de movilidad previsional. El presidente del bloque de la UCR defendió la decisión de recomponer un 8% a los haberes jubilatorios, argumentando que «es un impuesto que más del 70% de lo que recauda es pagado por quienes tienen patrimonio superior a un millón de dólares. De manera que es una pequeñísima porción de la población más rica del país».
Las acusaciones del oficialismo contra De Loredo y sus colegas surgen del debate por la modificación del Impuesto a los Bienes Personales. Según el legislador radical, el ajuste del 8% a los haberes jubilatorios tiene un costo inferior al que implicaría reducir este impuesto, tal como propone el Gobierno. «Nos molesta haber sido acusados de degenerados fiscales por recomponer un 8% a los haberes jubilatorios«, expresó con visible indignación.
En este contexto, la semana próxima será crucial, ya que la ley de Bases volverá al recinto con cambios introducidos por el Senado, informó NA. El radicalismo ha decidido aceptar modificaciones específicas, entre ellas, aquellas relacionadas con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones y la delegación de facultades. Estas enmiendas cuentan con el respaldo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ha instado a los bloques dialoguistas a respetarlas.
Otro punto de la agenda legislativa que ha generado controversia es la reforma de «modernización» laboral. Esta reforma, que también será aceptada por el radicalismo, incluye como causa de despido los bloqueos a empresas. De Loredo destacó esta inclusión como un avance positivo, ya que busca proteger a las empresas de medidas de fuerza que consideran desproporcionadas.
Sin embargo, no todo es consenso. El radicalismo ha anticipado que insistirá en reponer el artículo 62, que elimina las cuotas sindicales obligatorias para no afiliados a gremios. De Loredo fundamentó esta posición señalando que «este artículo permitía que las cuotas de solidaridad no fueran cobradas a quienes no están afiliados al sindicato sin su expreso consentimiento. La inclusión forzosa de estas cuotas es injusta y va en contra del principio de voluntariedad”.
Las declaraciones y decisiones de los legisladores reflejan la compleja dinámica política que se vive en el Congreso, donde cada modificación legislativa se convierte en un campo de batalla ideológico y económico. La tensión entre el oficialismo y la oposición se intensifica, y cada facción busca imponer su visión sobre cómo gestionar los recursos del Estado y proteger los intereses de sus bases electorales.
La próxima semana será determinante para el futuro de estas leyes y el impacto que tendrán en la población. Las decisiones que se tomen afectarán a los sectores más vulnerables y a la clase trabajadora, en un país donde las políticas fiscales y laborales son temas de constante debate y controversia. Los resultados de estas votaciones mostrarán si es posible alcanzar un equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas en un momento de alta polarización.
