En respuesta al accidente del tren San Martín ocurrido el mes pasado en Palermo, el Gobierno nacional ha declarado la «Emergencia Pública Ferroviaria» por un período de dos años. Esta medida, oficializada mediante dos decretos busca agilizar las acciones necesarias para mejorar la seguridad operativa a través de la renovación de la infraestructura ferroviaria de las líneas de trenes que son propiedad del Estado.
La emergencia ferroviaria implica la asignación de casi $1,3 billones ($1.293.780.000.000) para ejecutar inversiones destinadas a la mejora de la seguridad en los servicios ferroviarios. De esta suma, $350.000 millones deberán ser asignados en el presupuesto de 2024. Este redireccionamiento de fondos, confirmada en el Boletín Oficial a través de los decretos 525 y 526/2024, busca subsanar la falta de inversión en infraestructura ferroviaria observada en los últimos años.
La Secretaría de Transporte, autoridad de aplicación de la emergencia, tiene 15 días para elaborar un plan de acción que contemple medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa. Las empresas ferroviarias deberán presentar propuestas que incluyan un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando plazos de ejecución, costos y fuentes de financiación. Además, se permitirá renegociar deudas y contratos heredados para redirigir recursos hacia la seguridad operativa.
Alcance de la emergencia
La declaración de emergencia abarca tanto los servicios de transporte de pasajeros como de cargas de jurisdicción nacional. Incluye todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios en la Red Ferroviaria Nacional. Esta medida busca maximizar las inversiones y recursos destinados a ofrecer un servicio ferroviario eficiente y seguro.
Según la Secretaría de Transporte, la emergencia ferroviaria estaba en proceso de ser implementada incluso antes del accidente del tren San Martín, aunque se demoró debido a cuestiones burocráticas y la asignación de fondos complementarios. «Para lograr dichos objetivos, y aun ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario», declaró la Secretaría en un comunicado.
Implicaciones laborales en los trenes del Estado
El decreto también prevé que las empresas ferroviarias deberán, si es necesario, ajustar las condiciones laborales de sus trabajadores a través de negociaciones con las representaciones sindicales. Este aspecto es crucial para asegurar que los cambios y mejoras se realicen de manera eficiente y coordinada con todas las partes involucradas.
