Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, presentaron este viernes el proyecto del oficialismo para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años. El texto ya se envió al Congreso por mandato del presidente Javier Milei, indicaron los funcionarios. “El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma”, se aseveró en un comunicado conjunto.
En una conferencia de prensa junto a su par Cúneo Libarona, Bullrich expresó: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia. Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos”.
“Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, sostuvo la ministra”, ahondó la funcionaria. Mientras que en un comunicado, la cartera de Seguridad subrayó: “La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas”.
En la misma línea, señaló que “las consecuencias de años de zaffaronismo (en alusión al exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni), sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden resultar imputados”.
Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, resaltó el oficialismo.
Ejes del proyecto
El proyecto presentado por Bullrich y Cúneo Libarona establece que la privación de la libertad será “en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. La comunicación a los padres será tanto de la imputación como de demás actos procesales. En tanto, el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
Por otra parte, estipula que si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Sobre las penas, serán de tres a seis años. “Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”, dice la iniciativa.
Por otra parte, el cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si así lo desea. Y el máximo de las mismas, será de 20 años. “Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, agrega el documento del proyecto. Y ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa, agrega.
Durante el proceso, el juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud. Si llega a presentarse una dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave. Por su parte, las víctimas recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
También hay un punto de inimputabilidad. En los casos de menores no imputables (menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
Por último, el proyecto establece que el fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviera prevista una pena inferior a seis años y no concurrieran otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etcétera, dice el comunicado de prensa.
Cuando el delito tuviera una pena prevista inferior a seis años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes. Y en las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres años. Si las condiciones se incumplieran, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.
