El Gobierno nacional se ha rehusado a brindar detalles sobre la vida útil de los aviones caza F-16 adquiridos recientemente a Dinamarca por 300 millones de dólares, citando razones de «secreto militar». La negativa fue comunicada por la vicecomodoro María Elena Rossi, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fuerza Aérea, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública solicitado por Noticias Argentinas (NA).
La compra de 24 aviones de combate F-16 a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca ha sido presentada por el ministro de Defensa, Luis Petri, como «la compra militar más importante desde la vuelta a la democracia». Sin embargo, ha surgido preocupación debido a que estas aeronaves tienen una antigüedad de aproximadamente 30 años. Esta información fue confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, quien defendió la adquisición destacando el excelente estado de los aviones. «Son aviones que están impecables: no parece que tuvieran los 30 años que tienen de uso«, declaró Isaac.
Isaac también elogió la oferta obtenida, describiéndola como «realmente insuperable» y señalando que incluye no solo los aviones, sino también repuestos, simuladores, entrenamiento y armamento de entrenamiento. «Estamos incorporando un gran sistema de armas, sin ninguna duda«, añadió.
No obstante, la negativa del Gobierno a proporcionar información sobre la vida útil de los cazas ha suscitado críticas y preguntas. Rossi citó el Decreto 9390/63 para justificar la clasificación de la información como «secreto militar», señalando que dicha información debe ser conocida únicamente por personas autorizadas debido a su relevancia para la Seguridad Nacional y los medios de Defensa. «El carácter de la información requerida se encuentra dado por el Decreto 9390/63, por lo tanto, se encuentra dentro de las excepciones previstas en el Artículo 8 de la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública», explicó.
Además, Rossi mencionó que el presidente Javier Milei había establecido el «secreto militar» para la «operación contractual» a través del Decreto 370/2024 del 29 de abril pasado. Según Rossi, este decreto justifica la clasificación de la información ya que la contratación compromete la Defensa Nacional, eximiéndola del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso.
La negativa a brindar información también abarca las tareas que realizarán las aeronaves, las bases aéreas a las que serán destinadas y las obras necesarias en esas sedes militares. «La Argentina estaba tan retrasada en su tecnología para recibir a un avión de este tipo que tenemos que arreglar una brigada, que no está hoy en condiciones de recibir un sistema de armas de estas características y tan sofisticado. Hay que hacer modificaciones importantes de estructura», había afirmado Isaac.
La decisión del Gobierno nacional de clasificar esta información ha generado debate y preocupación sobre la transparencia y el manejo de recursos en el sector de la defensa, especialmente considerando la antigüedad de las aeronaves y la magnitud de la inversión.
