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POLÍTICA

¿Qué es el veto presidencial?: la jugada maestra de Javier Milei para tirar abajo la reforma jubilatoria

Desde el retorno de la democracia (1983), el veto presidencial se ha utilizado 390 veces y Milei lo sabe.

Javier Milei

El veto presidencial es una herramienta crucial en el arsenal del Poder Ejecutivo para rechazar leyes que considera inviables o perjudiciales para la administración del país. En el contexto de la reciente media sanción del Congreso a la reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei ha dejado claro su intención de utilizar este poder para frenar un proyecto que, según su gobierno, generaría un gasto insostenible.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista para Radio Continental lanzó una advertencia contundente sobre las consecuencias de un posible rechazo del veto presidencial a la reforma jubilatoria. Francos afirmó que, de ser necesario, el Gobierno se verá obligado a implementar «fuertes recortes» en otras áreas presupuestarias para compensar el gasto adicional que implicaría la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso.

El poder del veto presidencial

El veto presidencial permite al Ejecutivo rechazar una ley en su totalidad o en parte. Cuando se ejerce, la ley retorna a la Cámara de origen para ser reconsiderada y luego pasa a la Cámara revisora. Si ambas Cámaras insisten en la sanción y alcanzan una mayoría especial de dos tercios de los votos, el proyecto original puede ser confirmado. Para lograr esta mayoría en la Cámara de Diputados, se necesitan 177 de los 257 legisladores.

El bloque de La Libertad Avanza tiene 38 diputados, a los que se suman 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y dos más de Buenos Aires Libre. En total, cuenta con una base de 85 votos a favor sin contar otros provinciales, lo que dejaría al resto con 172 legisladores, por lo tanto, en ese caso ganaría el oficialismo y el veto quedaría firme.

Desde el retorno de la democracia, el veto presidencial se ha utilizado 390 veces, siendo Raúl Alfonsín y Carlos Menem los presidentes que más lo han ejercido. En 39 ocasiones, las leyes vetadas fueron ratificadas por el Congreso Nacional.

La estrategia de Milei contra la reforma jubilatoria

Tras la reciente media sanción del proyecto de ley en Diputados, Francos reiteró la firme postura del presidente Milei de vetar la reforma si esta llega a convertirse en ley. «El proyecto tendrá que seguir su curso y, si se aprueba en el Senado, el Poder Ejecutivo lo vetará. No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no hay recursos», declaró el exministro del Interior.

Francos subrayó que, en caso de que el Congreso insista en la reforma y logre superar el veto presidencial con dos tercios de los votos en ambas Cámaras, el Ejecutivo no tendrá otra opción que cumplir con la ley. Sin embargo, esto implicaría tomar medidas drásticas para mantener el equilibrio fiscal. «Si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos, el Gobierno deberá cumplir la ley. En ese caso, la decisión del presidente Javier Milei es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para eso», explicó.

Implicancias y debate político

Estas declaraciones llegan en un momento crítico, ya que el proyecto de reforma jubilatoria sigue generando un intenso debate político y económico. La advertencia de Francos pone en relieve la difícil situación fiscal que enfrenta el país y las limitaciones del Gobierno para asumir nuevos gastos sin afectar otras áreas esenciales.

Mientras tanto, el presidente Milei continúa su agenda política, incluyendo un próximo viaje a Santa Fe que ha generado expectativas en distintos sectores. En sus recientes discursos, Milei ha reiterado su compromiso con la disciplina fiscal y la necesidad de tomar decisiones responsables para asegurar la sostenibilidad económica del país.

El uso del veto presidencial por parte de Milei es visto como una jugada maestra para asegurar que las decisiones legislativas no comprometan la estabilidad fiscal de Argentina, subrayando la importancia de evaluar cuidadosamente el impacto económico de cualquier reforma.