En el marco de las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, ha comunicado el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Estos centros brindaban atención legal primaria gratuita a personas de bajos recursos, ofreciendo servicios multidisciplinarios en barrios vulnerables de todo el país.
Según el comunicado oficial, la decisión se basa en la evaluación de que los CAJ brindaban de manera «ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». El Ministerio de Justicia argumentó que estos centros acumulaban empleados de gestiones anteriores sin demostrar resultados efectivos y duplicaban funciones ya cubiertas por otras instituciones.
La cartera de Cúneo Libarona explicó que el funcionamiento de estos centros representaba un gasto de más de 8.000 millones de pesos anuales para el Estado. En un contexto de ajuste fiscal, el Gobierno ha decidido priorizar el uso eficiente de los recursos públicos. «En la nueva etapa que vive nuestro país, ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes», subrayó el comunicado.
A pesar de las justificaciones oficiales, la medida ha generado una fuerte reacción por parte de la Asociación de Empleados del Estado (ATE). La organización sindical ha advertido que el cierre de los CAJ podría derivar en 400 despidos. Silvina Silva, delegada en la Secretaría de Justicia y trabajadora del CAJ Padre Bachi de La Matanza, manifestó que los empleados están en situación de alerta por los «inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país».
Silva señaló que desde diciembre ya se han registrado 270 despidos en el sector, y que la nueva resolución podría incrementar esta cifra significativamente. «El objetivo de la normativa es avanzar en un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables», denunció.
¿Cómo son las CAJ?
Los CAJ están integrados por equipos interdisciplinarios que incluyen abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo. Estos profesionales realizan un abordaje integral de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una atención transversal e interdisciplinaria a los ciudadanos.
Actualmente, el Ministerio de Justicia cuenta con 105 CAJ en todo el país. Estos centros están ubicados en todas las provincias, con una concentración en barrios de alta densidad poblacional y vulnerabilidad social. Sin embargo, tras el cierre de las 81 dependencias, sólo quedarán 24 CAJ operativos a nivel nacional, lo que se traduce en un promedio de un centro por provincia.
¿Dónde recurrir ante la falta de estos centros primarios de Justicia?
La reducción de estos servicios ha generado preocupación sobre el acceso a la justicia para las poblaciones más necesitadas, pero pueden recurrir a otras instituciones para obtener asistencia legal y social como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos.
