La Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó este miércoles el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual a su exsecretaria privada Melody Raskaukas. De esta manera, la causa en perjuicio del referente peronista de la provincia de Buenos Aires quedó a un paso del juicio oral y público. Además, le dictó un embargo de $ 1.500.000 sobre los bienes del jefe comunal.
Se ratificó así la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial. Este último cargo se debe al hecho de que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y sin embargo la abordó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra.
Los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich marcaron una postura en línea con la del fiscal Mauricio Viera, quien había dictaminado para que se ratificara el procesamiento. De esta manera, el expediente retornará al juzgado de Galleti, quien deberá resolver si da por finalizada la instrucción en caso de que considere que ya está agotada la instancia de investigación.
Si así lo fuera, la magistrada les requerirá a las partes que se expidan sobre si el expediente debe enviarse a juicio oral, en cuyo caso la causa se sorteará entre los tribunales orales para darle continuidad al proceso judicial. El intendente peronista se encuentra realmente complicado, ya que también estaría incriminado en un supuesto soborno a Rakauskas, la denunciante, para que retirara la denuncia.
Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan del año 2021, poco después de que Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del exnovio de ella. La mujer relató que el intendente se apersonó en el domicilio privado de ella y allí se habrían producido los “tocamientos impúdicos” sobre el cuerpo de la mujer sin consentimiento, según da cuenta la denuncia.
La historia no terminaría. Luego que Rakauskas estableciera la denuncia, la mujer habría sido presionada personalmente por Espinoza para que la retirara, a cambio de un emprendimiento inmobiliario y otras cuestiones materiales a modo de soborno, en conversaciones que quedaron grabadas. A raíz de los hechos, el juzgado 31 dictó el procesamiento de Espinoza y le impuso un embargo por $ 1.500.000, sumado a la prohibición de acercamiento y cualquier contacto con la víctima.
