El Ministerio de Capital Humano confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, dirigente social y líder de la organización Polo Obrero, por desviación de fondos públicos. La cartera que dirige Sandra Pettovello fue querrellante en la investigación y aportó pruebas para procesar a Belliboni.
«El juzgado criminal y correccional federal n°7 considera que existen pruebas suficientes para creer que Eduardo Belliboni desvió fondos públicos asignados a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandecer Ltda., a través de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Programa «Potenciar Trabajo» «, comenzó explicando el comunicado.
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) July 30, 2024
Quien proceso a Belliboni fue el juez federal, Sebastián Casanello, tras una investigación que comenzó el 20 de diciembre, luego de que varios denunciantes anónimos llamaran al Ministerio de Seguridad por extorsiones por parte de los movimientos piqueteros. Entre las organizaciones nombradas estuvo el Partido Obrero, lo que le valió a Belliboni y sus otros funcionarios una extensa investigación. Durante 2024, en repetidas ocasiones la Justicia allanó las sedes de las organizaciones, así como domicilios, comedores y oficinas afiliadas a ellos.
«A través de una matriz de corrupción, que se extendió desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, funcionarios de la Secretaria de Economía Social, encabezada por Emilio Pérsico, quienes eran responsables de la asignación y control de los fondos destinados a la ayuda social, actuaron de forma coordinada con las autoridades del Polo obrero para desviar los fondos de las políticas sociales en beneficio de los líderes de la organización», denunció Capital Humano.
¿Cómo funcionó el fraude?
Según lo recabado en la investigación, el Polo Obrero presentó al Estado facturas falsas mediante empresas fantasma a modo de «caja partidaria» para canalizar fondos. Sin embargo, las denuncias que desenmascararon los negocios de las organizaciones revelaron que dichas organizaciones cobraban montos mensuales a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Además de controlar el cumplimiento de las actividades de los beneficiarios para con la organización, pues los obligaban a asistir a manifestaciones sociales bajo la amenaza de revocarles la ayuda estatal.
Junto a Belliboni, otros 17 dirigentes sociales fueron procesados por un delito que les podría valer seis años de prisión. En el comunicado donde Capital Humano difundió la noticia afirmaron: «Los «Gerentes de la Pobreza» no volverán a robarle a los más necesitados, explotando los recursos del Estado para beneficio propio y partidario».
