Autoridades del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, detectaron irregularidades por un monto de $ 200 millones provenientes de la gestión de Cristina Kirchner. A raíz de ello se inició una investigación para determinar qué ocurrió con esos fondos y con lo que se había presuntamente adquirido. Se trata de contratos celebrados durante la gestión de la dos veces presidenta con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores.
De acuerdo a los datos que se pudieron conocer, el Estado habría abonado una cifra millonaria por materiales y para la modernización de unidades, entre ellos el proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al cual se destinaron $ 200 millones, según NA. El SARA tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados (drones), pero éstos nunca se completaron y se investiga, además, la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100 que no se entregaron.
En 2015, el Gobierno de turno suscribió un convenio con el Invap para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados que debían entregarse en el término de 7 años, por un monto de más de $ 2.000 millones. De ese monto se abonaron, a través de Defensa, $ 200 millones, pero el contrato quedó pendiente en 2016, hasta que en noviembre de 2017 la cartera que por entonces a cargo de Oscar Aguad, solicitó al Invap un informe sobre el grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados.
Petri sostuvo al respecto, en declaraciones a El Observador 107.9, que se “había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU, que manejan dirigentes sociales, entre ellos Juan Grabois), se habían pagado más de US$ 20 millones de un contrato de US$ 34 millones cuando el contrato se había dado de baja”, sostuvo.
“Tandanor es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, ni con la construcción de buques, ni con remolcadores, ni con el ARA Parker en donde se pagaron US$ 8 millones, ni con el ARA Petrel, sino para construir 1.800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5.250 bicicleteros” para municipios del Gran Buenos Aires, detalló Petri.
En cuanto a los drones, “más de US$ 21 millones en proyectos para la realización de drones”, puntualizó el funcionario, tras lo cual aseveró: “Hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo”.
Además, detalló que en Fadea , “más de US$ 260 millones que se pagaron en el anterior gobierno, no encontraron devolución en prestaciones concretas”. “Así hoy nos faltan los aviones, los IA 100, los Pampa y nos faltan los remolcadores que nos deben y también esos recursos muchas veces iban a cubrir los déficit de las empresas de la defensa y así es como más de US$ 160 millones fueron a cubrir déficit operativos”, añadió.
“Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”, enfatizó Petri. Ante la situación, se solicitaron auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones; al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Tras ello, se analizará la presentación de acciones judiciales.
Particularmente se investiga el alcance de convenios que el Gobierno, a través de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, con Fadea y Tandanor por la incorporación y modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará y unas 14 embarcaciones, entre las que se destaca la coberta ARA Parker. Por otra parte, entre 2020 y 2023, desde el Ministerio de Defensa se transfirieron unos US$ 166.391.225 a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones.
