El Senado de la Nación vuelve a centrarse en el debate de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, una iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados gracias a un acuerdo con la oposición. La propuesta será revisada en comisiones este miércoles, después de dos semanas de inactividad.
El encuentro está programado para las 14.00 horas en el Salón Illia del Palacio Legislativo, donde se reunirán la Comisión de Trabajo y Previsión Social junto con la de Presupuesto y Hacienda. Entre las propuestas a discutir se encuentran modificaciones sugeridas por los senadores Martín Lousteau, Edgardo Kueider y Edith Terenzi, que buscan ajustar la fórmula de cálculo de remuneraciones, la creación de una unidad de cuenta previsional y la recomposición de emergencia de haberes previsionales, respectivamente.
Las comisiones del Senado se reunieron por última vez el 3 de julio, sin lograr un dictamen común. Aunque al día siguiente el bloque de Unión por la Patria intentó tratar el proyecto sobre tablas, un acuerdo con la Unión Cívica Radical, responsable de la redacción del proyecto en Diputados, resultó en la postergación del debate.
¿Cómo funciona la última reforma jubilatoria decretada por el Gobierno de Javier Milei?
Actualmente, el sistema jubilatorio está regulado por un decreto del presidente Javier Milei, que establece un esquema basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un aumento del 12,6% en marzo. El nuevo proyecto propone una combinación del IPC con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), sumando un ingreso extra del 8,1% para los jubilados.
La propuesta también incluye un aumento anual adicional en marzo, equivalente al 50% de la variación del RIPTE sobre la inflación del año anterior. Sin embargo, se decidió excluir del texto la eliminación de las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la reforma representaría un gasto adicional de entre 0,44% y 0,80% del PBI en 2024, dependiendo de la continuidad de los bonos actuales de $70.000. El informe también señala que las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales ascienden a $703.353 millones, equivalentes al 0,13% del PBI.
El proyecto establece un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales con los distritos o por juicios con sentencia firme, buscando resolver una problemática histórica y mejorar la situación de los jubilados en todo el país.
