El presupuesto destinado a la asistencia de familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no lo ha ejecutado el Gobierno de Javier Milei durante el primer cuatrimestre del 2024. Este dato alarmante fue destacado por varias organizaciones del feminismo, que presentaron una demanda ante la Justicia para obtener claridad sobre el futuro de los programas dependientes del ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó a través de su cuenta de X que el 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer fueron despedidos. «Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a todos los argentinos que atraviesan situación de violencia y riesgo», escribió el funcionario. Esta situación ha generado gran incertidumbre entre las ONG y colectivos especializados en cuestiones de género.
Meses antes el Ministerio de Justicia publicaba en Twitter: «En línea con el mandato del Presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades se transforme en una Subsecretaría». Sin embargo, después se cerró.
La única certeza para las ONG que trabajan en el tema es el recorte en materia de género. No solamente por el despido de más de 680 personas del antiguo Ministerio, sino también por la ejecución presupuestaria en esta materia.
«El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza», explicaron en un comunicado distintas organizaciones que hicieron una presentación ante la Justicia. Luego, agregaron: «Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia».
En su demanda, las organizaciones piden claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido. La falta de información precisa ha generado una sensación de desamparo entre los colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.
Recortes de presupuestos en todas las políticas públicas de género
Según informaron desde ELA y ACIJ, «el presupuesto vigente (disponible para todo el año) es, en términos reales, un 62% más bajo que el de 2023». Programas esenciales como el Acompañar, que asiste a víctimas de violencia, han sufrido recortes drásticos. «El programa Acompañar sufrió un recorte del 79% en el primer cuatrimestre del año con respecto al año 2023 en lo que a ejecución presupuestaria se refiere», destacaron las organizaciones.
La línea 144, encargada de recibir denuncias y brindar asesoramiento en casos de violencia de género, también ha visto reducida su capacidad operativa. Durante el primer cuatrimestre del año, sólo ejecutó el 25% de su presupuesto comparado con el mismo periodo del año anterior. “Además, se advierte que el presupuesto ejecutado en esta actividad alcanza casi el 60% del presupuesto disponible para todo el año, lo cual da cuenta de la insuficiencia del presupuesto vigente para la línea”, explicaron.
