El Ministro de Defensa, Luis Petri, anunció un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anula la cesión de tierras de las Fuerzas Armadas a la comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue en el Cerro Otto, Bariloche. El conflicto se originó con la controvertida cesión de 180 hectáreas pertenecientes a un cuartel del Ejército a la comunidad mapuche, promovida durante la gestión kirchnerista
El tuit de Petri resalta: «Dijimos que no íbamos a permitir que usurpen las tierras de las fuerzas y lo cumplimos. La Corte resolvió que las tierras del Ejercito Argentino seguirán siendo suyas, anulando la demanda de la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue en el Cerro Otto, Bariloche, otorgadas por el INAI de forma ilegal, y que la gestión kirchnerista no apeló. Basta de regalar tierras y de entregar nuestra soberanía. Con Javier Milei, se acabó la era de los privilegios injustificados».
Esta cesión fue anulada por la Corte Suprema debido a que no se le había dado intervención a la provincia de Río Negro, lo que invalidaba todo el procedimiento legal. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pone fin a una prolongada disputa judicial.
El derrotero del caso judicial que ganó las Fuerzas Armadas
La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, había otorgado el amparo a la comunidad mapuche el 2 de febrero de 2022, disponiendo la entrega de las tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se registraran a nombre de la comunidad.
El predio en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. Los jueces de la Corte determinaron que la falta de intervención de la provincia de Río Negro en el juicio violaba su derecho a defenderse, lo cual era esencial para la validez del proceso.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras, argumentando una ocupación «actual, tradicional y pública» reconocida por el INAI en 2012. La jueza Domínguez había ordenado la transferencia gratuita de las tierras en un plazo de 60 días, una decisión que fue apelada tardíamente por el Ejército Argentino.
A pesar de los recursos extraordinarios presentados por el Ejército y la fiscal general María Claudia Frezzini en 2023, estos fueron rechazados, llevando el caso a la Corte Suprema. La intervención de la Corte Suprema ahora revierte todas las decisiones anteriores, subrayando la necesidad de la participación provincial en la adjudicación de tierras indígenas.
El fallo se fundamenta en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en la adjudicación de tierras a comunidades indígenas. El INAI había excluido deliberadamente a la provincia de Río Negro del proceso, una acción que ahora se reconoce como un error legal significativo.
Soberanía nacional
Con esta decisión, se refuerza el mensaje de Petri y del presidente argentino, Javier Milei, en contra de la entrega de tierras sin una base legal sólida y la importancia de preservar la soberanía nacional frente a demandas injustificadas.
