El Gobierno nacional ha anunciado una nueva medida para reducir el consumo energético en todos los edificios públicos nacionales, en línea con sus objetivos de ahorro económico y eficiencia energética. La Resolución 148/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece directrices para modificar la potencia eléctrica contratada por los organismos públicos.
La medida se fundamenta en la emergencia del Sector Energético Nacional, declarada a finales del año pasado. Según la resolución, las empresas distribuidoras de energía «deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos a fin de reducirla a la máxima potencia demandada en el mes inmediato anterior a que entre en vigencia la presente resolución, con el objetivo de cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética«.
En el caso de variaciones estacionales en la demanda de energía, la resolución especifica que «la potencia eléctrica contratada deberá adecuarse al período de alta demanda, y posteriormente reducirse, de modo de permitir una adecuada capacidad de suministro y funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores instalados en las dependencias de los Organismos de la Administración Pública Nacional».
Además, la normativa aclara que si algún organismo público ha excedido el límite de consumo contratado y está cumpliendo penalidades por dicho exceso, la recontratación de la potencia eléctrica deberá realizarse una vez finalizado el período de penalidad.
La resolución también establece que todas las dependencias públicas deberán implementar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE). Este programa contempla la creación de registros y la actualización continua de información sobre consumo energético, con el objetivo de mejorar los procesos y fortalecer el PROUREE.
El plan incluye varias iniciativas para mejorar la eficiencia energética, como optimizar los sistemas de iluminación en los edificios públicos, capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía, incorporar criterios de eficiencia energética en las compras del Estado, y confeccionar un inventario detallado de todas las instalaciones energéticas en las dependencias estatales.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien firmó la resolución, destacó la importancia de que el sector público asuma una función ejemplificadora ante la sociedad. “Resulta necesario y conveniente que el sector público implemente medidas orientadas a optimizar el desempeño energético de sus instalaciones”, afirmó Rodríguez Chirillo.
Asimismo, el documento oficial subraya que la eficiencia energética en edificios públicos permitirá mantener los servicios energéticos a un menor costo, proteger el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad.
