El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar autosatisfactiva que había iniciado la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el Ministerio de Capital Humano. La UNMA había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se proceda a la transferencia de más de 556.000 millones de pesos.
El magistrado Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la Universidad debe desestimarse porque no se «aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones», acorde sostuvo la agencia NA. El reclamo lo había presentado esa organización que creó la fallecida Hebe de Bonafini luego de que el Ministerio de Capital Humano decidiera frenar la apertura de nuevas universidades nacionales.
También confirmó que del planteo efectuado por de la UNMA no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente. De esta manera, no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública.
Por último, señaló que en este proceso se discute un reclamo patrimonial, que debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable.
El Estado Nacional cuestionó la legitimación de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, ya que la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano.
Por otro lado, denunció que el acta de fecha 05/03/24, mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea llevados a cabo para su designación, carecen de validez, al no contar con la aprobación pertinente con lo previsto en el art. 49, de la Ley de educación superior y del art. 23, del Decreto Nº 176/96. Esto significa que la UNMA no tiene autorizada su puesta en marcha.
La decisión que originó el conflicto
El Gobierno de Javier Milei había decidido en febrero pasado suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior de Alberto Fernández. Entre las afectadas estuvo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
En los fundamentos de la resolución se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas”.
