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POLÍTICA

Sigue la motosierra: el Gobierno nacional despidió al 85% de la planta personal del ex Ministerio de la Mujer

El Gobierno nacional anunció que se recortó el 85% del personal del ex Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género.

Javier Milei

El Gobierno nacional de Javier Milei ha anunciado un drástico recorte del 85% de la planta de personal del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en el marco de una política trimestral de reducción de contratos estatales. Esta medida fue comunicada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, generando una inmediata respuesta de las trabajadoras, quienes denunciaron el «vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género» y exigieron la reincorporación de los empleados despedidos.

Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó Cúneo Libarona en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

Reacciones sindicales y denuncias de vaciamiento

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó rápidamente, publicando un comunicado en el que cuestionan la decisión del gobierno y denuncian la disolución del organismo. “Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos«, afirmaron según NA.

Las ex empleadas señalaron que «el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

Contradicciones y falta de recursos

Las críticas también se dirigieron a las declaraciones de Cúneo Libarona, señalando contradicciones en sus afirmaciones. «Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo», denunciaron.

En relación a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, las trabajadoras explicaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

Impacto en los servicios y programas

La continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485, está en peligro. «En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras, haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley», detallaron las ex empleadas.

Además, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual se ha reducido a tan solo dos trabajadoras. Según precisaron, más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional están a la espera de recibir asistencia del Programa Acompañar, que ha visto una reducción del 50% en su personal.

Otros programas afectados incluyen el Programa Acercar Derechos, que fue desmantelado en algunas provincias y funciona con guardia mínima en otras, y el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que ahora cuenta con solo una trabajadora.

Denuncias y acciones judiciales

Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon las trabajadoras, anunciando que avanzarán por la vía judicial para revertir la situación.