El Gobierno nacional fijó por decreto el nuevo salario mínimo en $254.231,91 para julio, tras fracasar en las negociaciones con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial de este viernes, y ha sido criticada por diversos sectores por su falta de consulta y consenso.
Además de establecer el nuevo piso salarial, el Gobierno adelantó las subas previstas para los próximos meses. En agosto, el salario mínimo será de $262.432,93, en septiembre ascenderá a $268.056,50 y en octubre alcanzará los $271.571,22. Esta decisión unilateral ha sido vista como una muestra de falta de diálogo y participación democrática.
Luis Caputo, representante del Gobierno, aseguró que habrá inflación cero o incluso «deflación» antes de fin de año. Sin embargo, muchos trabajadores y economistas han mostrado su escepticismo frente a estas declaraciones, considerando la situación económica actual del país.
El rechazo de la CGT al nuevo salario mínimo
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado su descontento con la medida. Pese a la suba dispuesta, el salario mínimo se mantiene como el menor en 30 años y está muy alejado del pedido inicial de la CGT, que había propuesto un aumento a $480.000. En un comunicado titulado «Otra vez sopa: un ofrecimiento empresario que no está a la altura de las circunstancias», la CGT calificó la propuesta empresarial de $245.094 como una muestra de «insensibilidad social».
El nuevo salario mínimo alcanza a «todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador», según la resolución publicada. No obstante, la falta de participación de los sindicatos y otros actores en esta decisión ha sido fuertemente criticada.
La CGT, disconforme con el resultado de las negociaciones fallidas, ha decidido no participar de la reunión pautada para la próxima semana con el Gobierno y empresarios. La central de trabajadores solicita que el Gobierno no convalide lo que consideran una «vergonzosa oferta» por parte del sector empresarial.
Finalmente, la resolución del Gobierno ha sido vista como un paso en falso en términos de diálogo social y participación democrática. Mientras el salario mínimo establecido por decreto se ubica apenas por encima del sugerido por los empresarios, sigue sin alcanzar las expectativas de los trabajadores y deja en evidencia la necesidad de un enfoque más inclusivo y consultivo en la toma de decisiones que afectan a millones de argentinos.