El bloque de Unión por la Patria presentó hoy un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, buscando la creación de una comisión especial que determine responsabilidades y proponga medidas ejemplificadoras. Esto surge tras la controversia generada por seis miembros de la bancada de La Libertad Avanza, quienes utilizaron una camioneta oficial del Congreso para reunirse en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura militar.
El episodio, que ha generado gran malestar, fue ampliamente criticado por varios referentes de los bloques dialoguistas, incluyendo el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Estos legisladores expresaron su descontento al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y le solicitaron que tome medidas al respecto, considerando inapropiado el uso de recursos del cuerpo, como el vehículo oficial, para dicha visita.
Durante una reunión en el Salón de Honor, donde funcionarios del Gobierno nacional presentaron la reforma política y electoral a diferentes bloques opositores, el tema fue discutido intensamente. «Fue algo atroz», afirmó un destacado diputado del PRO en referencia a la excursión realizada por los diputados libertarios, encabezados por el entrerriano Beltrán Benedit, a bordo de una camioneta Renault Master Blanca perteneciente al Congreso.
Menem, en su defensa, sostuvo que la decisión de esos seis diputados «no es representativa del Gobierno ni del bloque» de La Libertad Avanza, sino que fue una «agenda personal» de los involucrados, informó Noticias Argentinas. Sin embargo, estas explicaciones no lograron satisfacer a muchos legisladores.
El proyecto de resolución de Unión por la Patria se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja. Los autores del proyecto subrayaron la importancia de actuar ante cualquier intento de promover la impunidad de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Además de Benedit, los diputados Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo también participaron en la controvertida visita.
La iniciativa, presidida por Germán Martínez, concluye resaltando la necesidad de cumplir con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para evitar acciones que tiendan a la impunidad de los crímenes más atroces de la historia argentina. Se insta a la Cámara de Diputados a tomar medidas para determinar responsabilidades y corregir las acciones de los mencionados y de cualquier otro involucrado en el incidente.
