El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó un extenso escrito en el marco de la causa judicial que investiga la contratación de seguros por parte del Estado durante su mandato. En su defensa, Fernández calificó la denuncia en su contra como parte de una «persecución política direccionada desde el sistema penal» y aseguró que las acusaciones son «ambiguas y vacías de fundamento«.
En el escrito de 48 páginas, presentado ante el juez federal Julián Ercolini y firmado también por su abogada Mariana Barbitta, Fernández argumentó que el decreto bajo cuestionamiento tenía como objetivo asegurar que las primas de seguros contratadas por el Estado no fueran destinadas a «empresas extranjeras». Además, subrayó que el decreto expresamente establecía que no debía haber intermediarios en estas contrataciones.
Fernández criticó duramente el accionar de la Justicia, y afirmó: «Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas».
Alberto Fernández considera que la causa por los seguros es ideológica
El exjefe de Gabinete nacional también destacó el «tinte ideológico» de la denuncia en su contra, señalando que se centra en el supuesto «monopolio» en el ámbito de los seguros estatales, en línea con una visión económica libertaria que promueve la mínima intervención del Estado en la economía. Para Fernández, esta postura ideológica es la verdadera motivación detrás de las acusaciones.
En otro pasaje del escrito, el expresidente del Partido Justicialista nacional volvió a desestimar las imputaciones. «no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido», aseguró el exintendente de la Superintendencia de Seguros de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem.
Fernández defendió la legitimidad de las decisiones tomadas durante su gestión. «Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito», insistió. Además, señaló que la contratación con intervención estatal «es vista como una irregularidad» por quienes promueven la denuncia, pero enfatizó que esto no configura un «ilícito».
