La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta, desató un terremoto político tras filtrar una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial en los que trabajaban miembros de su propio bloque legislativo. Según la diputada, estos proyectos buscaban liberar a represores encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.
Arrieta reveló los detalles a través de su cuenta en X (antes conocida como Twitter) y explicó que la filtración es una respuesta a las actividades de sus compañeros de bancada, quienes, según los mensajes que compartió, estaban organizando visitas al Penal de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados. «Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de La Libertad Avanza), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas«, declaró Arrieta el domingo por la noche.
El controvertido proyecto «Plazo Razonable»
Uno de los documentos más polémicos que Arrieta compartió es el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable». Este proyecto tiene como objetivo liberar a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad que hayan permanecido detenidos por más de 20 años desde la comisión del delito, aunque no haya una sentencia judicial firme. El borrador propone modificar el Código Penal Argentino, incorporando un inciso que establece que, si en 20 años no se ha dictado una sentencia firme, la acción penal deberá extinguirse.
El proyecto argumenta que este plazo de 20 años «supera los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional». Además, sostiene que el plazo propuesto va más allá de los tiempos procesales estipulados por la ley y las normativas internacionales, sugiriendo que la prolongada duración de estos procesos justifica la liberación de los detenidos.
El decreto presidencial: otro paso hacia la libertad de los represores
Arrieta también publicó un borrador de decreto presidencial que los legisladores libertarios esperaban que Javier Milei aprobara. Este decreto establece que el plazo máximo para la duración de un proceso penal, incluyendo los delitos de lesa humanidad, sea de 25 años desde la comisión del delito. El documento propone que, al vencerse este plazo, la acción penal se extinga, garantizando la libertad de los detenidos.
El decreto argumenta que la sobrecarga de casos de lesa humanidad en los Tribunales Orales Federales está obstaculizando la labor judicial en otros ámbitos, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y sugiere que liberar a los represores ayudaría a descongestionar los tribunales.
Arrieta se distancia de Milei y condena los proyectos
Tras la filtración, Arrieta se apresuró a aclarar que estas propuestas no forman parte de la agenda oficial de Javier Milei. En un tono desafiante, insistió en que estos proyectos «nada tienen que ver con los ideales de la libertad» y aseguró que no permitirá que se manipulen leyes «a espaldas de Milei». Su declaración pone de manifiesto una división interna en el partido, al tiempo que subraya las diferencias sobre cómo abordar los crímenes de la dictadura en el contexto actual.
Este episodio ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político, con críticas tanto desde la oposición como dentro del propio espacio de Milei. La filtración de Arrieta no solo expone las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, sino que también reabre el debate sobre el manejo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, un tema profundamente sensible en la Argentina.
? …Y terminan con un DECRETO REGLAMENTARIO. pic.twitter.com/kXTzwQXcP6
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024