La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementará en septiembre una serie de medidas que apuntan a intensificar el control sobre las transacciones realizadas a través de billeteras digitales. Los usuarios que realicen ingresos o egresos superiores a $400.000 en septiembre serán objeto de revisión, así como aquellos cuyas cuentas registren saldos superiores a $700.000. Los bancos y otras entidades financieras también estarán bajo la lupa.
El objetivo de la AFIP es identificar y analizar las transferencias y saldos que excedan los límites establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales. Estas cifras se ajustan a una reciente modificación en la política de control fiscal del organismo, liderado por Florencia Misrahi.
Con la actualización de la Resolución General N° 4298, la AFIP ha elevado los montos a partir de los cuales las entidades financieras y plataformas electrónicas deben informar sobre las transacciones y saldos de sus clientes. Ahora, las acreditaciones y extracciones en efectivo que superen los $700.000 mensuales, así como los consumos realizados con tarjetas de débito que excedan los $400.000, serán reportados al organismo.
Además, se ha modificado la Resolución General N° 4614, que regula el régimen de información para aquellos que administran o procesan movimientos de activos mediante plataformas digitales, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). En este contexto, los ingresos o egresos que superen los $400.000 y los saldos mensuales que sobrepasen los $700.000 deberán ser notificados a la AFIP.
Una novedad de esta actualización es la introducción de una cláusula de ajuste automático, que permitirá que los montos se actualicen cada seis meses según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo busca evitar que los límites queden desfasados frente a la inflación, garantizando la vigencia y efectividad de los controles.
El objetivo de la AFIP
La AFIP ha señalado que uno de los propósitos clave de estas medidas es verificar la legitimidad del dinero que circula a través de las billeteras digitales y cuentas bancarias. En casos donde se excedan los límites, el organismo investigará el origen de los fondos, y los clientes deberán presentar documentación que respalde la legalidad de los mismos. En situaciones sospechosas, se podrán tomar medidas más drásticas, como el cierre de cuentas y la generación de reportes para investigar posibles actividades ilícitas.
