La Cámara de Diputados continuó hoy el debate sobre la creación de un nuevo régimen penal juvenil, centrado en la controversia sobre la baja de la edad de imputabilidad. En un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los diputados nacionales expusieron sus proyectos de ley, evidenciando las posturas divergentes respecto a cómo abordar el tratamiento penal de los menores de edad en Argentina.
El debate se retomará el próximo martes, según informó NA, con una nueva reunión informativa en la que se escucharán las opiniones de especialistas en la materia, con el objetivo de nutrir el análisis y avanzar hacia un proyecto de consenso.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años, estableciendo una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años. Esta propuesta fue el punto de partida del debate, que también incluyó proyectos que plantean edades y enfoques diferentes.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, abrió la sesión subrayando la importancia de escuchar las diversas miradas de los autores de los distintos proyectos. El objetivo, explicó, es evaluar la posibilidad de compatibilizar esos aportes con la iniciativa del Gobierno.
El primer orador fue el diputado oficialista Álvaro Martínez, quien defendió un proyecto que propone una reducción aún más severa, fijando la edad de imputabilidad en 12 años, similar a lo que ocurre en países como Brasil, México y Honduras. Martínez argumentó que la ley actual, la 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, es «punitivista» y obsoleta, y que es necesario actualizarla para adaptarla a los derechos humanos.
“Establecemos los 12 años porque ya tienen capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró Martínez, quien también destacó que su propuesta busca «proteger a la sociedad de actos delictivos graves» y favorecer una intervención temprana del Estado para evitar la reincidencia y promover la reinserción social de los jóvenes.
La diputada Carolina Píparo, de Buenos Aires Libre, defendió la inclusión del criterio de «reincidencia» para agravar las penas de los menores infractores, argumentando que es una herramienta esencial de la política criminal para tratar con mayor rigor a quienes reiteran conductas delictivas. Píparo insistió en que ignorar la reincidencia es «una trampa» y que es necesario considerar el historial delictivo de cada joven al momento de determinar su pena.
Por otro lado, la diputada radical Carla Carrizo sostuvo que la edad mínima de imputabilidad debería fijarse en 14 años, marcando una clara diferencia con el proyecto del Gobierno. Carrizo enfatizó que la ley debe ser una «ley de Estado» y no una medida temporal, subrayando la importancia de penalizar a los adultos que utilizan a menores para cometer delitos.
Desde la bancada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió la idea de mantener la edad de imputabilidad en 16 años, y rechazó la inclusión del criterio de reincidencia. Zaracho argumentó que bajar la edad de imputabilidad no garantiza una mayor seguridad, citando estadísticas que muestran que menos del 1% de los crímenes graves son cometidos por menores. La diputada abogó por un enfoque preventivo en lugar de uno punitivo, apoyándose en los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el diputado de la UCR Manuel Aguirre presentó su proyecto, que también propone establecer la edad de imputabilidad en 14 años, con un enfoque centrado en la madurez mental del menor. Aguirre subrayó la necesidad de evaluar la capacidad de los jóvenes para entender la gravedad de sus acciones antes de aplicarles la ley.
El debate sobre la reforma del régimen penal juvenil promete continuar generando divisiones en el Congreso, mientras los diputados intentan encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la garantía de derechos para los jóvenes infractores. Con las exposiciones de los especialistas la próxima semana, se espera que el diálogo avance hacia un proyecto que refleje las diversas perspectivas y realidades del país.