La Justicia emitió esta semana un procesamiento contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunto desvío de fondos públicos para financiar política partidaria. La causa se conoce como “organizaciones sociales”, y ante la determinación judicial, el propio Belliboni presentó este viernes una apelación, pidiendo que lo sobreseen y que se anulen las declaraciones de los testigos de identidad protegida y de los arrepentidos en la causa.
Tres abogados defensores de Belliboni y de otros dirigentes del Polo Obrero fueron los encargados de presentarse en Comodoto Py. En ese marco, sostuvieron que el juez no tenía pruebas suficientes para procesarlos, embargarles e inmovilizarles los bienes y que debió “ahondar profundamente en la investigación” porque lo que tiene hasta ahora sólo demuestra “la ajenidad” de los acusados con las maniobras que se les imputan, manifestaron.
El fallo que cuestiona Belliboni lo firmó el juez federal Sebastián Casanello, quien indicó que hay pruebas suficientes para sostener que el líder del Polo Obrero desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del plan Potenciar Trabajo y que los destinó a financiar política partidaria de la agrupación que encabeza y del Partido Obrero.
Según Casanello, Belliboni y sus supuestos cómplices recurrieron a la presentación de facturas falsas y al uso de empresas fantasmas. Una de ellas es Rumbos, presuntamente proveedora de la Asociación Polo Obrero, aunque en su fallo Casanello la calificó como una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Según la defensa de Belliboni y el Polo Obrero, “la arbitrariedad del decisorio es ostensible” y se dictó en el marco de “una causa mediática, promovida por el Gobierno de turno (la denuncia que dio origen al caso la presentó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich)” y con irregularidades. Entre éstas, acusaron los abogados, el allanamiento del estudio jurídico cuando estaban preparando la defensa para el caso en cuestión.
A su vez, la apelación sostiene que “Rumbos no es el Partido Obrero”, sino “una empresa editorial que desarrolla su actividad comercial hace décadas”. Además, cuestiona que el juez “interrumpió la libre exposición de Belliboni” durante su indagatoria y que no estuvieran subidas al sistema informático todas las pruebas del caso.
Por último, la defensa de Belliboni se quejó de que Casanello lo procesó a él y a los otros implicados cuando habían pedido volver a declarar y cuando quedaba “prueba pendiente” de producción. Casanello, en su procesamiento, hizo alusión a esos pedidos. Al mismo tiempo, marcó que no había hechos nuevos por los que los acusados debieran responder y que podrían hacer aclaraciones por escrito tantas veces como estimaran oportuno.
