Diputados dio media sanción al proyecto que declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial» en Argentina, lo que obligaría a las escuelas a permanecer abiertas incluso en días de paro de docentes. La iniciativa, que busca garantizar los 180 días de clases, fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones. Este proyecto fue impulsado por bloques como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y aliados del oficialismo, pero encontró oposición principalmente en Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
De acuerdo a datos de la agencia NA, el proyecto establece que, en caso de paro, al menos el 30% del personal escolar deberá cumplir funciones durante los dos primeros días de huelga. Si el conflicto se extiende, el porcentaje de trabajadores en servicio aumentaría al 50%. Aunque no se prohíben las protestas, el proyecto estipula condiciones estrictas para su desarrollo, lo que ha generado controversia entre quienes defienden el derecho a la huelga.
Uno de los puntos más discutidos del proyecto es la obligación de las escuelas de informar anualmente sobre el personal que estará disponible durante los paros. Esto ha sido criticado por sectores que ven en esta medida un intento de restringir la capacidad de protesta de los docentes. El proyecto fue elaborado con base en propuestas similares y contó con un amplio respaldo en la Comisión de Educación antes de llegar al recinto.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, defendió el proyecto diciendo que «beneficia a toda la sociedad» y que «pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo». «Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga», subrayó Finocchiaro.
Los diputados que rechazaron la medida
El diputado radical Julio Cobos, por su parte, apoyó la iniciativa destacando la importancia de asegurar el cumplimiento del calendario escolar: «Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que se mantenga la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días». Esta visión fue compartida por otros legisladores que ven en el proyecto una forma de garantizar la continuidad educativa en situaciones de conflicto.
En contraste, la diputada kirchnerista Blanca Osuna expresó su rechazo al proyecto, señalando que «lo único que busca es regular el derecho de huelga». Además, agregó: «El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición, lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país». Esta postura refleja las preocupaciones de quienes consideran que el proyecto afecta derechos laborales fundamentales.
Finalmente, la diputada de izquierda Vanina Biasi criticó el proyecto desde una perspectiva más radical, afirmando: «Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina». Estas declaraciones reflejan las tensiones subyacentes en torno a un tema que ha dividido al Congreso y que promete seguir generando debate en las próximas semanas.
