Desde el Gobierno nacional tomaron nota de la denuncia penal que realizó la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, a tal punto que un alto funcionario de la administración de Javier Milei pidió prisión preventiva para Fernández. Se trata del ministro de Justicia, Luis Petri, quien consideró que la Justicia debería tomar cartas en el asunto.
“Se debería dictar la prisión preventiva, después debería cursar el proceso. Pero ante las mismas circunstancias, con los mismos supuestos, se dicta la prisión preventiva ante el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa”, argumentó Petri en declaraciones a Radio Rivadavia, tras lo cual planteó endurecer las penas contra el predecesor de Milei en la Casa Rosada.
En esta línea, puntualizó: “Uno ve cómo funciona la Justicia para este tipo de casos cuando hay pruebas tan evidentes, cuando hay violencia, cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva”.
“Llama la atención y sorprende que todavía en este caso, teniendo en cuenta que existe asimetría de poder y la posibilidad de entorpecer el esclarecimiento de estos hechos. Hasta ahora hemos visto la punta del ovillo, pero lo que no podemos garantizar es que no existe una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar”, contempló el funcionario.
Asimismo, Petri remarcó: “Cuando la Justicia tiene que avanzar sobre causas de corrupción, las demoras, las dilaciones, los retardos están a la orden del día. Uno ve que la rapidez con la que actúan en procesos que no vinculan al poder nada tiene que ver con la lentitud de aquellos procesos que tienen que ver con el poder”.
Seguidamente, el titular de la cartera de Defensa se explayó: “Esto se manifiesta en las sentencias: promedios de 14 años en causas de corrupción”, graficó. Esta discrecionalidad se puede superar si en definitiva la ley protocoliza cuáles tienen que ser las actuaciones o las medidas cautelares que se tienen que tomar en este tipo de supuestos”.
Por otro lado, Petri planteó que las pruebas de violencia contra Yáñez surgieron tras inspeccionar los teléfonos de la exsecretaria -María Cantero- del entonces mandatario por la trama de los seguros, y cuestionó su rol frente a los destinos del país. “No estuvo a la altura de las circunstancias y presuntamente habría cometido delitos con lo cual tiene que rendir cuentas en la justicia”, insistió.
Tras la viralización de las imágenes en las que se ve a la exprimera dama golpeada -presuntamente- en la Quinta de Olivos, Petri sostuvo: “Me sorprendieron las imágenes que son brutales. También las respuestas que son canallas, sobre todo de los que hablaban de las mujeres, los que abrían ministerios, y estaban revictimizando a la víctima”.
Petri además cuestionó la creación del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad impulsado por el gobierno del Frente de Todos al afirmar que “no servía para nada” y que era una cartera con “ñoquis» pero que no brindaba asistencia efectiva a las mujeres. “Son los municipios y las provincias las que terminan asistiendo a las mujeres. Un órgano nacional que supuestamente diseñaba políticas públicas no ayudaba en absoluto a mejorar la situación de las mujeres particularmente víctimas de violencia”, evaluó.
