El conflicto salarial en las universidades públicas argentinas ha alcanzado un punto crítico, con los gremios que representan a los docentes universitarios lanzando un paro total para el 12, 13 y 14 de agosto. La medida de fuerza responde a la insatisfacción con la última oferta salarial del Gobierno nacional, que propuso un incremento del 3% para agosto y otro 2% para septiembre, una oferta que los docentes consideraron insuficiente en medio de una inflación mensual de más del 4%.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica, que agrupan a la mayoría de los docentes universitarios, han expresado que los aumentos propuestos no compensan la inflación acumulada. Según datos de la Conadu, los salarios brutos de los docentes universitarios aumentaron un 71% en julio de 2024 en comparación con diciembre de 2023, pero la inflación acumulada en el mismo período fue del 86,5%. Esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con una caída real del 8,3%.
El impacto de la inflación ha sido especialmente severo para los docentes con menores dedicaciones. Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple, que trabaja 9 horas semanales, recibió en julio un salario bruto de $225.759,14, frente a los $132.035,51 que percibía en diciembre de 2023. Aunque hay un aumento nominal, la inflación hace que esta mejora sea insuficiente para mantener el nivel de vida previo. Similar es la situación para un profesor adjunto con dedicación simple, cuyo salario bruto pasó de $184.030,13 en diciembre a $314.664,45 en julio.
Las cifras se vuelven aún más alarmantes cuando se comparan los salarios de julio de 2024 con los de noviembre de 2023, antes de la fuerte inflación registrada en diciembre. En este caso, la caída en términos reales fue del 22,9%, lo que refleja el profundo deterioro que han experimentado los salarios universitarios en los últimos meses.
A esta problemática se suma la merma en los recursos destinados a las universidades. En los primeros siete meses del año, las partidas presupuestarias para el pago de salarios de docentes y autoridades cayeron un 33,7% en términos reales en comparación con el año anterior. Además, los fondos para los sueldos de los empleados no docentes, como el personal administrativo y de maestranza, también se redujeron en un 30,2% real, agravando la crisis en el sector.
El paro de 72 horas de los docentes universitarios
Ante esta situación, los docentes universitarios iniciaron el 12 de agosto un paro de 72 horas, que continuará con otra medida de fuerza programada para el 20 y 21 de agosto. La Conadu, al ratificar el paro, denunció que la oferta del Gobierno es «escandalosa» y «profundiza la crisis salarial», dejando a más del 60% de los cargos universitarios por debajo de la línea de pobreza y a todos los cargos iniciales por debajo de la línea de indigencia.
La situación ha generado una fuerte preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, ya que el conflicto amenaza con paralizar el funcionamiento de las universidades públicas, afectando a miles de estudiantes en todo el país. Los gremios docentes insisten en la necesidad de un aumento salarial que compense realmente la inflación y garantice condiciones dignas para quienes desempeñan un rol fundamental en la formación de las futuras generaciones.
