Los bloques opositores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) han anunciado que buscarán rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria recientemente sancionada. El presidente Javier Milei vetó la ley que aprobaba un aumento del 8,1% en las jubilaciones desde abril y establecía su actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La estrategia de la oposición se centra en lograr una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para insistir en la vigencia de la ley. Esta mayoría es el número necesario para anular el veto y asegurar que la iniciativa sancionada por el Congreso quede firme.
Tras el anuncio de veto por parte de Milei, los bloques opositores comenzaron a articular una respuesta coordinada. Si bien la bancada de Unión por la Patria (UxP) ha decidido no revelar su estrategia hasta la publicación oficial del veto, el diputado Itai Hagman adelantó que la intención es insistir con los dos tercios para que la ley de movilidad jubilatoria se mantenga.
Por su parte, informó NA, fuentes de la UCR confirmaron que buscarán ratificar la sanción del proyecto, recordando que fueron promotores del dictamen junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Como primer paso, una vez que el veto sea oficializado, convocarán a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la radical Gabriela Brouwer, para tratar el tema.
El bloque de Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, también expresó su apoyo a la ley. En un comunicado, afirmaron que la normativa busca «recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad», a pesar del anuncio del veto. «Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, pero creemos que no hay un único camino para alcanzarlo«, señalaron, destacando la necesidad de un enfoque equilibrado en la reducción del déficit.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro criticó duramente la decisión de Milei de vetar la ley, calificándola como un acto de indiferencia hacia los jubilados y el Congreso. “Licuar las jubilaciones es una estafa moral profunda; es atacar la capacidad de uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Argentina para acceder a alimentos y medicamentos”, advirtió Ferraro en sus redes sociales.
El proceso para rechazar el veto comenzará formalmente una vez que el Gobierno publique el decreto correspondiente en el Boletín Oficial. Desde ese momento, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para informar su decisión al Congreso, que deberá debatir la posibilidad de anular el veto en las comisiones de Previsión Social y Presupuesto Nacional antes de llevar el tema al recinto.
La ley de movilidad jubilatoria fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. En Diputados, contó con el respaldo de 240 legisladores, y en el Senado, fue sancionada por 60 votos a favor y solo 8 en contra, alcanzando en ambos casos los dos tercios necesarios para asegurar su aprobación.
Sin embargo, para lograr la misma mayoría en caso de un nuevo tratamiento, los bloques opositores deberán asegurar la presencia de todos los legisladores que votaron a favor y sumar apoyos adicionales, especialmente entre aquellos que se abstuvieron, como los representantes de la izquierda. La situación se complica por la posibilidad de que algunos ausentes en la votación original, incluyendo legisladores de Producción y Trabajo y CREO, aliados del oficialismo, decidan mantener su postura de abstención o incluso respaldar el veto presidencial.
La ley vetada no solo contemplaba el aumento del 8,1% como compensación por la inflación de enero y la actualización mensual basada en el IPC, sino que también preveía un ajuste anual en marzo basado en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Además, garantizaba a los jubilados un suplemento dinerario de carácter alimentario, asegurando que sus ingresos no fueran inferiores al valor de la canasta básica total por adulto, multiplicado por 1,09.
La próxima batalla legislativa se centrará en si la oposición logra reunir los votos necesarios para desafiar el veto de Milei y mantener la ley que busca mejorar los ingresos de uno de los sectores más vulnerables del país.
