El Gobierno nacional reglamentó un decreto que permite la rescisión de contratos de obra pública, lo que plantea interrogantes sobre quién se hará cargo de los proyectos transferidos a las provincias. Este decreto se enfoca en contratos y transacciones relacionados con obras públicas, pero deja fuera a aquellos proyectos que superen los $10.000 millones o que tengan un avance de más del 80%.
Actualmente, hay 3.500 obras públicas paralizadas, lo que ha llevado a la pérdida de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo, afectando principalmente a la provincia de Buenos Aires. Con esta medida, el sector de la construcción ya anticipa que 2024 será un año perdido, con una estimación de pérdida de $6.000 millones.
Las obras públicas que no se podrán rescindir
El decreto publicado en el Boletín Oficial permite que el Gobierno renegocie o rescinda contratos de obras públicas que se firmaron antes del 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, las obras que están financiadas internacionalmente o que tienen un alto grado de avance quedan exentas de esta intervención. El plazo para reactivar los proyectos transferidos es de 90 días.
Las provincias deberán hacerse cargo de 799 obras que se han transferido, y hasta el momento, 20 de ellas ya han firmado convenios para asumir esta responsabilidad. Estos proyectos incluyen construcción de viviendas, saneamiento, infraestructura vial y educativa, entre otros. Las provincias que aún no han suscrito estos convenios incluyen a Buenos Aires, La Pampa, y Formosa, que son políticamente opuestas a la administración actual.
En aquellos casos donde las obras están avanzadas, las provincias utilizarán principalmente recursos propios. Sin embargo, para nuevos proyectos, se buscará financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Desde las gobernaciones, se reconoce que estos cambios contractuales y la puesta en marcha de las obras llevará tiempo.
El impacto económico de esta situación ya se siente en el sector privado, con empresas como el grupo Roggio entrando en default. Esta compañía anunció que no pagará las obligaciones negociables emitidas en 2021, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre al panorama de la construcción en la Argentina.
