El Gobierno nacional ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que gestionaba aproximadamente $3.000 millones anuales destinados a la actividad ovina en el país. Según declaraciones oficiales, la medida se tomó debido a la falta de transparencia en la administración de estos fondos. La eliminación forma parte de las políticas públicas para achicar el gasto público del Estado.
El cierre del FRAO se enmarca dentro de las primeras medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, quien ha argumentado que estos fideicomisos permiten la gestión discrecional y sin control de grandes sumas de dinero. «Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia», comentó el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 650/2024, publicada en el Boletín Oficial. En la resolución, el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, indicó que «las condiciones que motivaron la creación del FRAO no se encuentran dadas en el contexto actual». Se añadió que «la continuidad del citado fondo resulta inconveniente en dicho contexto».
El origen del subsidio al mercado ovino que fue eliminado por el Gobierno de Milei
El FRAO, creado por la ley 25.422 de ganadería ovina en 2001, tenía como objetivo la recuperación y el apoyo a la actividad ovina mediante recursos provenientes del Tesoro Nacional, donaciones, aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores. A pesar de su existencia por más de 20 años, el gobierno argumenta que no se han verificado mejoras significativas en el sector ovino.
La ley que originó el FRAO estipulaba beneficios como apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución de planes o programas, así como la financiación total o parcial para la formulación de proyectos de inversión y estudios necesarios. Sin embargo, el actual gobierno sostiene que el fondo no ha cumplido con sus objetivos y su manejo ha carecido de transparencia.
En su anuncio, Adorni subrayó que «desde su creación, tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector». Esta medida de cierre se suma a otras acciones del gobierno orientadas a ajustar y controlar los recursos públicos de manera más estricta.
Con esta decisión, el gobierno busca implementar políticas públicas más eficaces y transparentes para que el Estado siga manteniendo el superávit fiscal, eliminando estructuras que considera ineficaces o mal administradas.
