Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, criticó con firmeza la reciente sanción de la ley de movilidad jubilatoria, señalando que su impacto en la vida de los jubilados será prácticamente nulo. «Esta ley de movilidad jubilatoria no implica cambios muy significativos en términos de la vida del jubilado, sí en lo que es la puja política», afirmó Semino.
En una entrevista con Canal E, el abogado detalló que la ley sancionada en el Senado «ratifica la forma de reajuste que se viene aplicando hasta ahora por parte del poder ejecutivo, que es por IPC». Sin embargo, subrayó que esta sanción no traerá un cambio real en el poder adquisitivo de quienes perciben la jubilación mínima.
El defensor de la tercera edad explicó que la sanción «incorpora una recomposición del haber respecto a la pérdida que hubo sufrido en relación a los 20 puntos de inflación en el mes de enero», pero advirtió que «este reajuste es insignificante en la vida del jubilado». Según Semino, «hay 5 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y para ellos, este reajuste de 7,2% representa apenas $15.000, lo cual, en haberes que hoy son de $225.000 no mueven el amperímetro».
El bono que reciben los jubilados de la mínima sigue congelado desde marzo
Además, Semino criticó el retraso en la actualización del bono discrecional que reciben los jubilados por parte del Gobierno de Javier Milei. «En estos 7 meses de debate, el haber se siguió licuando, porque todo este sector recibe el llamado bono, que es un pago no contributivo y discrecional. Cada gobierno lo ha usado como quiso y, este año, el bono se congeló, es decir, los jubilados están cobrando en el mes de agosto el mismo bono que en el mes de marzo», señaló.
En cuanto a la falta de actualización del bono, Semino destacó: «Si el bono de $70.000 se hubiese reajustado a valores de marzo hasta hoy, serían $117.000. Los jubilados no recibieron el IPC pleno, el mes de agosto era 4,6%, pero al no reajustarse el bono, lo que reciben sobre el quantum total son 3 puntos».
En definitiva, la controversia en torno a la ley de movilidad jubilatoria refleja la compleja situación política que enfrenta la Argentina. Por un lado, el gobierno de Milei argumenta que el aumento propuesto es insostenible y podría generar graves consecuencias económicas a largo plazo. Por otro lado, expertos como Eugenio Semino señalan que los cambios propuestos tendrían un impacto mínimo en la vida cotidiana de los jubilados.
