En un nuevo avance hacia la desregulación estatal, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció hoy la derogación de varios decretos que otorgaban privilegios a empresas públicas en las contrataciones del Estado. Las derogaciones, publicadas en el Boletín Oficial, fueron celebradas por el ministro como un paso crucial para «desterrar la corrupción» y poner fin a lo que describió como prácticas que servían a una «casta política».
«Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos», manifestó Sturzenegger en su cuenta de X, antes de enumerar los decretos eliminados. Entre ellos se encuentran los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, que, según el ministro, otorgaban ventajas indebidas a Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas.
Sturzenegger criticó duramente el Decreto 853/23, que obligaba al Estado a adquirir seguros exclusivamente de Nación Seguros, calificándolo de «nefasto» y un ejemplo de cómo el sistema estaba diseñado para beneficiar a ciertos sectores en detrimento del contribuyente. «Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para que logre una contratación que era obligatoria por ley», explicó.
Además, el ministro destacó la derogación del Decreto 1191/12, que forzaba la compra de pasajes a través de Optar S.A., una empresa vinculada con La Cámpora, y el Decreto 1187/12, que obligaba a los empleados públicos a recibir sus sueldos a través del Banco Nación, privando al Estado de la posibilidad de negociar mejores condiciones con otras entidades bancarias.
Asimismo, el Decreto 1189/12, que establecía la obligatoriedad de adquirir combustible exclusivamente de YPF, también fue derogado, permitiendo ahora al Estado buscar opciones más económicas. «Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó«, concluyó Sturzenegger, cerrando su mensaje con el ya característico lema del gobierno: «Viva La Libertad Carajo».
Estas derogaciones forman parte de un paquete de medidas más amplio impulsado por la administración de Javier Milei, orientado a reducir la influencia estatal en la economía y promover una mayor competencia en el mercado. La eliminación de estos decretos representa un cambio significativo en la gestión de los recursos públicos, alineándose con la visión libertaria del actual gobierno.
