El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se encuentra en el centro de una tormenta política tras denuncias sobre la calidad y manejo de alimentos adquiridos por su cartera. En un episodio que ha generado gran controversia, se inspeccionaron 12 mil toneladas de yerba mate almacenadas en un depósito en Villa Martelli, y se encontraron en condiciones deplorables, con excrementos de gato y un fuerte olor a orín, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión.
De acuerdo a datos de A24, el juez federal Ariel Lijo ordenó la inspección tras una denuncia presentada por Pettovello misma, quien había cuestionado la calidad de la yerba adquirida por la administración anterior, argumentando que no cumplía con los estándares sanitarios. Sin embargo, la situación se volvió en su contra cuando la inspección reveló las pésimas condiciones en las que se encontraba el producto. Este descubrimiento no solo afecta la reputación de la ministra, sino que también pone en duda la eficacia del manejo de recursos destinados a los sectores más vulnerables.
El juez en lo contencioso administrativo, Walter Lara Correa, ha dado un plazo de entre cinco y diez días para que Pettovello explique cómo su ministerio está garantizando el derecho a la alimentación, particularmente en comedores y merenderos comunitarios que han denunciado la falta de alimentos y fondos desde diciembre. Aunque la ministra sostiene que existen programas alimentarios en marcha, más de 160 comedores aseguran que no han recibido los recursos necesarios, situación que está siendo evaluada judicialmente.
Las inspecciones realizadas por orden del juez Lijo son solo una parte de los problemas que enfrenta Pettovello. La situación de la yerba mate almacenada en Villa Martelli ha despertado cuestionamientos sobre la prioridad que se le da a la distribución de alimentos en un contexto donde más de un millón de niños y adolescentes en la Argentina padecen inseguridad alimentaria. A pesar de los informes que indicaban que la yerba estaba en buen estado, el hallazgo de condiciones insalubres en el depósito ha agravado la situación.
En paralelo, Lara Correa ha solicitado a la ministra información detallada sobre varios programas, incluyendo el Programa Argentina Contra el Hambre, del que depende la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, que asegura no haber recibido alimentos ni fondos desde septiembre del año pasado. La organización, que opera más de 159 comedores, afirma que las observaciones del ministerio sobre la rendición de fondos fueron subsanadas en mayo, pero tres meses después, aún no han sido aprobadas.
El conflicto también involucra a varias asociaciones y cooperativas que han denunciado la suspensión de convenios con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque el gobierno afirma que el programa sigue operativo, el juez ha dado un plazo de diez días para que el ministerio demuestre su funcionamiento efectivo. Este programa, crucial para garantizar el acceso a alimentos en comunidades vulnerables, ha sido un pilar en la gestión de crisis alimentarias desde 2001.
Pettovello cada vez más complicada con la Justicia
La situación de Pettovello se agrava con cada nueva revelación. Las organizaciones sociales que dependen de su cartera denuncian un laberinto burocrático que dificulta la obtención de recursos esenciales para los comedores comunitarios. A medida que se acerca el plazo impuesto por el juez, la ministra deberá presentar respuestas concretas que justifiquen su gestión en un área tan sensible como la alimentación, o enfrentará consecuencias legales y políticas significativas.
