Manuel Adorni, vocero presidencial, manifestó que el 50% del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a las producciones nacionales durante el 2023 estuvo destinado a películas que no superaron los 1.000 espectadores. En ese marco, Adorni dijo que a partir de ahora, el Gobierno nacional solo va a financiar la mitad de los films con fondos públicos y que el resto deberá hacerse cargo la productora con fondos privados. Por otro lado, dijo que el Gobierno va a cerrar o achicar organismos del Estado que sean ineficientes.
«En estos primeros 7 meses se han reducido un 32% el tamaño del gasto público, algo que dejará de sostener el contribuyente con sus espaldas y con el enorme sacrificio que hacen todos los días por trabajar y salir adelante en la Argentina,» señaló Adorni. Esta reducción, según el vocero, es parte de un plan más amplio para optimizar el funcionamiento del Estado. «El Gobierno nacional va a cerrar o adecuar cualquier organismo del Estado que no funcione, es decir, la empresa estatal que se pueda privatizar se va a privatizar» agregó, en una conferencia en Casa Rosada.
Por otro lado, el economista se refirió a los empleados estatales y a la industria del cine nacional. «Empleado estatal que para, empleado que no cobra,» afirmó, subrayando la postura inflexible del gobierno frente a huelgas y paros laborales.
Adorni nombró las películas nacionales que recibieron subsidios y fueron un fracaso
En cuanto al INCAA, el funcionario nacional no escatimó críticas. «Vamos a dejar de financiar películas nacionales que sean fracasos comerciales. En 2023 el INCAA subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1000 espectadores cada una. Encontramos Camuflaje sin ventas, Una Sola Primavera tuvo 5 espectadores, 300m2 y 8 ventanas tuvo 4 espectadores. Estas 100 películas representaron el 50% de los proyectos financiados el año pasado y 50.000 dólares le costó a los argentinos financiar estas películas», detalló.
Adorni continuó explicando las nuevas medidas que se implementarán para asegurar una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos destinados a la producción cinematográfica. «A partir de ahora, las producciones nacionales deberán cubrir la mitad de la producción con fondos propios», declaró. Esta nueva exigencia busca garantizar que los proyectos tengan un mayor compromiso financiero por parte de sus realizadores y no dependan exclusivamente de los subsidios estatales.
Estas declaraciones han generado un amplio debate entre los sectores involucrados, con opiniones divididas sobre la efectividad y justicia de las nuevas políticas. Mientras algunos ven las medidas como necesarias para un gasto público más responsable, otros las consideran un golpe a la cultura y a la industria cinematográfica nacional.
El vocero presidencial concluyó la conferencia reafirmando el compromiso del gobierno con la austeridad y la eficiencia en la gestión pública, anticipando que se seguirán tomando decisiones difíciles pero necesarias para el bienestar económico del país.
