El Gobierno de Javier Milei confirmó que vetará por completo la reforma jubilatoria aprobada recientemente por la Cámara de Senadores, poniendo fin a cualquier especulación sobre posibles acuerdos para un veto parcial. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró en una conferencia de prensa que «no hay ningún tipo de negociación» y que la decisión «está tomada», despejando así las dudas generadas por la posibilidad de que sectores de la oposición buscaran un acuerdo para modificar la ley.
Adorni también explicó que el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir el decreto de veto, lo que equivale a unos 15 días corridos. Aunque no precisó cuándo se publicará oficialmente la decisión, dejó en claro que el proceso está en marcha y que la determinación de Milei es firme.
El trasfondo de esta medida, según el vocero presidencial, es la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, el cual, según él, se vería gravemente afectado por la reforma aprobada. Adorni subrayó que «no hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas», y destacó que la ley implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI, obligando al Estado a contraer deuda que terminarían pagando las futuras generaciones.
Adorni también abordó otras preocupaciones económicas, señalando que la industria es el sector más rezagado en el proceso de recuperación económica, pero que empiezan a aparecer señales positivas. Además, defendió la política monetaria del Gobierno, asegurando que el aumento de tarifas no tendrá un impacto significativo en la inflación a largo plazo, y que la gestión de la oferta y demanda monetaria es clave para mantener la estabilidad de precios.
La reforma jubilatoria que Adorni y el Gobierno nacional no quieren aprobar
La reforma, que establece una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), también incluye una compensación extra del 8,1% para ajustar la diferencia entre la inflación y el aumento otorgado por el Gobierno. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan que esta medida es insostenible y que, en lugar de proteger a los jubilados, acabaría perjudicando a la economía en su conjunto.
La reforma jubilatoria, que había sido aprobada por el Senado con una mayoría de 61 votos sobre 72, fue duramente criticada por Milei, quien acusó a los legisladores de promover medidas que llevarían al país a la ruina económica. En respuesta, la oposición comenzó a movilizarse para intentar conseguir una mayoría que les permita insistir en la ley, incluso ante un veto presidencial.
