En un clima político tenso, el presidente Javier Milei se encuentra bajo la lupa tras el reciente avance del proyecto de ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad. La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo y respaldada por una parte de la UCR, logró la media sanción en la Cámara de Diputados en junio con un sorprendente apoyo de dos tercios de los legisladores, lo que desató una fuerte reacción del mandatario.
Milei no tardó en expresar su oposición al proyecto a través de sus redes sociales, donde calificó a los legisladores que votaron a favor como «degenerados fiscales». Según el presidente, la aprobación de esta ley pondría en jaque su compromiso con el «déficit cero», una de las banderas principales de su gestión económica. De acuerdo a datos de la agencia NA, el libertario afirmó que vetaría la ley si esta es aprobada también en el Senado, argumentando que ceder ante presiones políticas significaría un retroceso para la estabilidad económica del país.
El presidente fue más allá en sus declaraciones al señalar que la insistencia en políticas expansivas podría reavivar la inflación y profundizar la decadencia económica que ha afectado a la Argentina durante décadas. Milei enfatizó que su administración no permitirá que el equilibrio fiscal sea sacrificado por lo que describió como «delirios políticos». Estas palabras fueron replicadas en un foro económico regional, donde aseguró que no dudará en utilizar su poder de veto cuantas veces sea necesario.
Con el proyecto a un paso de ser tratado en el Senado, previsto para el próximo jueves 15 de agosto, las expectativas sobre el posible veto presidencial han crecido. El líder de La Libertad Avanza ha dejado claro que no permitirá que se afecte la estabilidad fiscal, lo que anticipa un choque inminente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en caso de que la ley sea aprobada por la Cámara alta.
Aunque Milei rechace el proyecto a través del veto, el Congreso puede restituirla
En este escenario, la pregunta clave es qué ocurrirá si el presidente decide vetar la ley. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, un veto presidencial devolvería el proyecto a la Cámara de origen, en este caso, Diputados. Si los legisladores insisten en el proyecto y logran nuevamente los dos tercios, la ley sería remitida al Senado, donde Milei ya no tendría la posibilidad de impedir su promulgación.
La situación plantea un desafío considerable para el gobierno de Milei, que deberá equilibrar su compromiso con el déficit cero con las demandas sociales y políticas que buscan una mayor protección para los jubilados. La posibilidad de que el Congreso insista en la ley, superando el veto presidencial, podría abrir un nuevo capítulo en la relación de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
En los próximos días, la atención estará puesta en el Senado y en la decisión que tome el presidente. Si Milei cumple con su promesa de veto, el país podría enfrentarse a un enfrentamiento institucional de alto voltaje.
