Aunque el presidente Javier Milei haya amenazado con vetar el proyecto para una nueva fórmula jubilatoria, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe detallando el costo fiscal que significaría la medida, siendo mucho menor que la planteada por Milei.
Durante el viernes, el presidente afirmó: «Esta medida demagógica que tomó el Senado implica un aumento de la deuda de 370.000 millones de dólares«, además señaló durante un acto en Rosario que el costo de la nueva fórmula de jubilaciones implicaría un incremento igual al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, y a pesar del posible veto, la OPC detalló en un estudio el presupuesto para el proyecto.
El informe del Congreso indicó que el impacto fiscal sería mucho menor al estimado por el presidente, siendo este de apenas el 0,44% del PBI de ser que el Gobierno nacional decida mantener hasta diciembre los bonos de $70.000 para las jubilaciones mínimas, bonos que luego serían reemplazados por el suplemento alimentario previsto en el artículo 4 de la nueva ley. De no ser así, el costo se elevaría un 0,74%.
Diferencias en los cálculos
En pocas palabras, el impacto fiscal para 2025 de las jubilaciones oscilaría entre el 0,69% y el 0,80% de continuarse pagando los bonos; y de no mantenerse este ingreso extra, alcanzaría entre el 1,14% y el 1,25%, aún por debajo de las expectativas de Javier Milei. La OPC prevé que el costo del proyecto en 2024 apenas superaría el 8% del PBI, 46.500 millones de dólares a cambio oficial ($948,50), lejos de los 370.000 millones que señaló el presidente, número que podría variar dependiendo de las variaciones del tipo de cambio oficial.
Ya en 2025, y según las estimaciones de la OPC y tomando en cuenta el dólar a $1400 previsto, el impacto real seguiría lejos de los estimativos del presidente. En total, de aplicarse la nueva ley jubilatoria, el Gobierno nacional debería destinar 54.000 millones de dólares, un 8,48% del PBI
