El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recurrirá nuevamente a la Corte Suprema para exigir que el Gobierno nacional transfiera la totalidad del porcentaje de coparticipación federal acordado. Según el procurador porteño, Martín Ocampo, Nación ha incumplido el acuerdo, transfiriendo solo la mitad de los fondos pactados entre Jorge Macri y Luis Caputo.
Martín Ocampo confirmó la medida en su cuenta de la red social X, pero luego borró el tuit: «Mañana el GCBA presentará ante la Corte Suprema un nuevo reclamo. El Gobierno Nacional debe cumplir con su palabra de aceptar el fallo y transferir el porcentaje de coparticipación federal que corresponde, no el que se le antoje. Así funciona una República con división de poderes».
El viernes pasado, hubo una reunión entre el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo. Durante la reunión, se intentaron definir los detalles de la implementación del pago. Sin embargo, el Gobierno nacional informó que solo comenzaría a pagar una parte de la diferencia judicializada, girando $20.000 millones como muestra de «voluntad de pago».
La operatoria que hizo estallar a los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires contra Caputo
A mediados de julio, tras una reunión con el jefe de Gobierno porteño, el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Según lo acordado, desde agosto, el distrito debía recibir el 2,95% de la coparticipación federal establecida por el Tribunal en la medida cautelar. El pago debía efectuarse de manera diaria a través del Banco Nación.
No obstante, cuando llegó el momento de cumplir con el fallo, Nación solo pagó el 1,4% habitual, incumpliendo el acuerdo alcanzado. Esta situación ha generado un nuevo conflicto entre ambas administraciones, llevando a la Ciudad de Buenos Aires a presentar un nuevo reclamo judicial.
El reclamo de CABA busca garantizar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y que el Gobierno nacional transfiera el porcentaje de coparticipación que le corresponde. La administración porteña argumenta que el incumplimiento del acuerdo afecta gravemente las finanzas de la Ciudad y su capacidad para gestionar servicios públicos esenciales.
