El gobierno de Javier Milei ha dado un importante paso al derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández, que había permitido irregularidades en la contratación de seguros estatales. Esta medida fue tomada tras detectar que la normativa facilitaba la concreción de contratos con sobreprecios, beneficiando a ciertas entidades, incluyendo a Nación Seguros.
La derogación del decreto fue formalizada este miércoles con la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial. Esta acción restablece las disposiciones originales de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, eliminando las modificaciones introducidas por el DNU de Fernández. La iniciativa fue encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en colaboración con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes serán los encargados de supervisar las documentaciones relacionadas a estos contratos.
El artículo 1 del nuevo decreto establece la derogación no solo del DNU 823/21, sino también de otros decretos anteriores relacionados con la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros a través de proveedores del Estado. Con esta medida, el gobierno se comprometió a revisar los fondos ya asignados a contratos vigentes y a aquellos que fueron acordados bajo la normativa derogada.
Las empresas y organismos del Estado tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación. Además, el decreto establece que se considerará como «ventaja, beneficio o preferencia» cualquier criterio de selección que favorezca a una entidad específica, lo cual será investigado y sancionado si se detecta irregularidad en futuros procesos de contratación.
Todas las contrataciones que haga el Estado deberán pasar previamente por un proceso de licitación
El decreto también estipula que en casos donde el único proveedor disponible sea una entidad del Sector Público Nacional, no se considerará que existe una ventaja indebida. Sin embargo, todas las contrataciones futuras deberán pasar por un proceso de licitación o concurso, garantizando así la transparencia y competencia en la provisión de bienes y servicios.
Para aquellos organismos que aún mantengan pólizas vigentes bajo el marco del DNU derogado, se ha fijado un plazo de un año para anular dichos contratos y convocar nuevos procesos de selección que cumplan con las normativas actuales. En este contexto, la Oficina Nacional de Contrataciones será la entidad responsable de supervisar y gestionar estos nuevos acuerdos.
Además el Gobierno nacional anuló otros tres decretos promulgados durante la presidencia de Cristina Kirchner en 2012, que también estaban relacionados con la gestión financiera del Estado y la contratación de seguros. Estos cambios buscan fortalecer el control y la transparencia en la administración pública, alineándose con las políticas de desregulación impulsadas por la administración actual.