A partir de hoy, la administración de las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires pasará de la Nación al gobierno porteño de Jorge Macri. Además, el Gobierno Nacional dejará de financiar el sistema de boleto integrado de la Red SUBE para estas líneas, lo que podría impactar directamente en los bolsillos de los pasajeros.
Uno de los primeros efectos que se podría notar es la reducción en la frecuencia de los colectivos. José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), ya ha advertido sobre la posibilidad de una disminución en las frecuencias debido a la crisis financiera que enfrenta el sector. Este panorama podría empeorar si no se acreditan a tiempo los subsidios para pagar los salarios de los choferes, lo que podría llevar a medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El traspaso de estas líneas forma parte de un plan más amplio del Gobierno Nacional para reducir el gasto público. Se estima que la medida permitirá un ahorro fiscal de aproximadamente $15.000 millones por mes. Este ajuste es parte de un esfuerzo por reducir los subsidios que, hasta julio de 2024, ya habían alcanzado los $553.390 millones, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
Otro aspecto relevante es el fin del financiamiento de la Red SUBE para las líneas que no cruzan los límites de la Ciudad. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) señala que esta decisión afectará al 13% de todas las transacciones que se realizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que podría generar un impacto en el costo del transporte para los usuarios.
Este cambio también está enmarcado en un contexto de tensiones políticas. La Ciudad de Buenos Aires ha criticado la forma en que la Nación ha manejado la coparticipación, argumentando que el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno Nacional a transferir $80.000 millones no se ha cumplido completamente. Desde la perspectiva de la administración porteña, este traspaso de competencias es una carga adicional en un contexto de crisis financiera.
Las empresas de colectivos serán las más afectadas
En el plano empresarial, la situación es cada vez más difícil. Las empresas de colectivos llevan al menos dos años reportando pérdidas significativas debido al aumento de la inflación. Esto se traduce en una reducción del 4% en los kilómetros recorridos y un envejecimiento del parque automotor, con más de un 25% de los colectivos superando los 10 años de antigüedad.
En resumen, la transferencia de la administración de estas 31 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires y la consecuente quita de subsidios tendrán un impacto considerable en el transporte público, afectando tanto a los usuarios como a las empresas del sector. Esta medida, que es en un esfuerzo más amplio por reducir el gasto público, también refleja las tensiones políticas y económicas que atraviesa el país.
