En un nuevo capítulo de sus problemas judiciales, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli, tras las explosivas declaraciones del exministro de Economía, Martín Guzmán. En su testimonio, Guzmán confesó que la extensión de la cuarentena durante la pandemia de Covid-19 tuvo motivos políticos, lo que ha desatado una nueva tormenta para el exmandatario.
La denuncia fue presentada por el legislador porteño Yamil Santoro, quien acusó a Fernández de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según Santoro, las revelaciones de Guzmán confirman que la cuarentena se prolongó por razones políticas, lo que habría generado consecuencias económicas y sociales devastadoras para el país.
Las palabras de Guzmán, clave en la imputación
Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, basó su imputación en las palabras de Guzmán, quien aseguró que la cuarentena fue más extensa de lo necesario debido a «motivos de conveniencia política«. Guzmán señaló que la gestión de la pandemia fortaleció la imagen del Gobierno, lo que llevó a mantener las restricciones más tiempo del recomendado desde el punto de vista sanitario.
El fiscal también citó la afirmación de Guzmán de que «la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno«, lo que refuerza la idea de que las decisiones sanitarias respondieron a intereses políticos.
El impacto de la denuncia
Yamil Santoro, en declaraciones a CNN Radio, sostuvo que las confesiones de Guzmán muestran que la cuarentena no se extendió por razones epidemiológicas, sino políticas. «Jugar con la libertad de millones de argentinos tuvo un efecto brutal en términos económicos, bienestar y de salud mental«, afirmó el legislador, quien se mostró confiado en que la investigación avance y se haga justicia.
Esta nueva imputación agrava la situación judicial de Fernández, quien ya enfrenta causas relacionadas con violencia de género y un escándalo en torno a seguros. El exmandatario, que defendió su gestión durante la pandemia en varias oportunidades, ahora deberá enfrentar una investigación que podría llevarlo a un juicio por las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria.
La jueza federal María Servini será la encargada de llevar adelante la investigación, que pondrá bajo la lupa no solo las decisiones del expresidente, sino también el impacto de la prolongada cuarentena en la economía y el bienestar social del país.
Este proceso judicial se suma a un contexto político cada vez más complejo para Fernández y su espacio, en un año donde las tensiones internas dentro del peronismo y la creciente polarización social continúan marcando la agenda pública.
