Cristina Kirchner, en su rol de querellante en la causa por los afiches que la acusaban de «asesina» por su manejo de la pandemia de COVID-19, apeló el fallo del juez Manuel De Campos, quien decidió archivar la investigación. El abogado de la ex vicepresidenta, Gregorio Dalbón, presentó el escrito en el que se denuncia que la resolución del magistrado es «absolutamente arbitraria» y que incumple con la obligación de investigar un delito de acción pública.
El conflicto se remonta al 28 de marzo de 2022, cuando la Ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de afiches que mostraban la imagen de Cristina Kirchner con las leyendas “Culpable de 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, en referencia a la gestión de la pandemia y las muertes relacionadas con el COVID-19. Estos afiches desataron el repudio de varios sectores políticos, incluido el entonces presidente Alberto Fernández, quien calificó los hechos como «inaceptables».
A pesar de los avances iniciales en la investigación, que incluyeron allanamientos y la determinación de dónde se imprimieron los carteles y cuánto se pagó por ellos, nunca se identificaron a los autores intelectuales detrás de la campaña. La causa quedó trabada durante meses por una disputa de competencia, que terminó siendo resuelta por la Corte Suprema a favor del fuero criminal y correccional, como había solicitado la querella y la Fiscalía.
Sin embargo, el pasado lunes, el juez De Campos decidió archivar el caso, argumentando que las figuras penales relacionadas con calumnias o injurias no eran aplicables, ya que la ex vicepresidenta no había impulsado el caso bajo esos términos. Este cierre fue rápidamente apelado por el abogado Dalbón y el fiscal Leonel Gómez Barbella, quienes ahora solicitan que la Cámara del Crimen revise la decisión y que se ordenen nuevas medidas de prueba.
En su apelación, informó NA, Dalbón criticó duramente el fallo del juez De Campos, señalando que este cambió «radicalmente la tipificación de los delitos» para justificar el archivo de la causa. Además, acusó al magistrado de incumplir sus deberes como funcionario público al no continuar con la investigación de un delito que, a juicio de la defensa de Kirchner, es de acción pública.
La causa vuelve ahora a estar en manos de la Cámara del Crimen, que deberá decidir si acepta la apelación de la defensa y el fiscal, y si ordena la reanudación de la investigación en busca de los autores intelectuales detrás de la campaña de difamación.
Un fallo polémico en una causa sensible
La decisión de De Campos ha generado polémica en el ámbito judicial y político, dado el alto perfil de la causa y la implicación de la ex vicepresidenta. Mientras que algunos sectores sostienen que la causa carecía de sustento para seguir adelante bajo la figura de calumnias e injurias, otros consideran que la investigación debe avanzar para identificar a los responsables de la campaña difamatoria.
Este caso también ha sido interpretado como un reflejo de las tensiones políticas que marcaron el final del gobierno de Alberto Fernández y el rol de Cristina Kirchner dentro de la administración. La ex presidenta ha sido un blanco frecuente de ataques mediáticos y campañas de desprestigio, que se intensificaron durante la pandemia.
La resolución que tome la Cámara del Crimen en las próximas semanas será clave para determinar si la investigación se retoma o si, finalmente, se confirma el archivo definitivo del caso, dejando sin responsables visibles una de las campañas más controversiales de los últimos años.
