La Justicia aceptó como querellantes a la mamá y a la hija que fueron rociadas con gas pimienta durante el operativo policial en el Congreso de la Nación. Representadas por el abogado Gregorio Dalbon, denunciarán por abuso de autoridad y lesiones a Patricia Bullrich y al jefe de la PFA.
La causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 9. De esta forma, teniendo que se encuentran cumplidos los requisitos previstos en los artículos 82 del Código Penal, se aceptaron a Carla Marina Pegoraro y a Fabrizia Pegoraro como querellantes en la causa.
«La nena de 10 años que resultó víctima del gas pimienta se presentó como querellante con el patrocinio de Gregorio Dalbón y pidió la indagatoria de Patricia Bullrich por ser responsable del operativo policial, y también de Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad Nacional, el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, el comisario Gerardo Scampini y un efectivo de la Policía Federal que los medios de comunicación identificaron como Cristian Rivaldi», informó la periodista Vanesa Petrillo, especialista en temas judiciales, en el canal C5N.
La menor, quien estaba en el lugar junto a su familia, sufrió las consecuencias del accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo desplegado mientras se debatía el aumento del 8,5% a los jubilados que finalmente fue vetado por el presidente Javier Milei. El caso ha generado gran repercusión pública y ahora avanza en la Justicia con la intervención de la jueza María Capuchetti y el fiscal Eduardo Pagliano.
El operativo, que tenía como objetivo contener a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso, terminó con varios heridos y la controversia estalló cuando se conoció que una niña había sido afectada por el gas pimienta utilizado por la Policía Federal. Este hecho fue rápidamente denunciado por organizaciones de derechos humanos y ha generado una intensa crítica hacia las autoridades responsables del operativo, entre ellas Bullrich.
Según Petrillo, los delitos imputados a los responsables son graves. «Los delitos son incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y lesiones por alevosía. La denuncia la tiene la jueza María Capuchetti, que ya delegó la investigación en el fiscal Eduardo Pagliano», explicó. Estas acusaciones podrían complicar la situación judicial de Bullrich y otros altos funcionarios involucrados en la organización del operativo.
