El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que busca derogar el controvertido Decreto 780/2024, el cual restringe el acceso a la información pública. La iniciativa legislativa argumenta que el decreto es inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales, además de alterar el espíritu de la Ley n° 27.275, que regula el derecho de acceso a la información pública.
El artículo 1° del proyecto es claro: “Derógase el Decreto 780/2024 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. Los diputados firmantes también apelan a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece límites estrictos a los decretos ejecutivos para no vulnerar derechos esenciales como el acceso a la información.
Fundamentos del proyecto
En los fundamentos del proyecto, los diputados citan que “las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Honorable Congreso de la Nación” y que esas limitaciones deben ser interpretadas de manera restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho ciudadano a informarse sobre la actividad pública. Esto, aseguran, no se cumple con el Decreto 780/2024.
Asimismo, los autores subrayan que las excepciones al acceso a la información pública ya fueron claramente definidas en la Ley 27.275, y que no corresponde añadir nuevas restricciones por vía reglamentaria, ni a través de interpretaciones generales que no han sido debatidas en el Congreso.
El proyecto cuenta con las firmas de importantes legisladores de la Coalición Cívica, como Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto.
Encuentro Federal también se manifiesta en contra
No solo la Coalición Cívica se opone al Decreto 780/2024. El bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, ya había presentado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los alcances de la normativa. Este pedido surgió a instancias de la diputada Margarita Stolbizer, quien expresó su “preocupación” por lo que considera un retroceso en materia de transparencia gubernamental.
El comunicado de Encuentro Federal manifiesta que el decreto “desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275” y que restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre el accionar de los funcionarios públicos. Los diputados señalan que, desde el momento en que los funcionarios asumen cargos en los que administran recursos del Estado, deben estar sujetos al control social.
“Este decreto nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y los abusos de poder”, advirtieron en el comunicado. Según ellos, la reserva de información sobre el patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios públicos que plantea el decreto mina la confianza de la sociedad en las instituciones y debilita la democracia.
Hacia un debate legislativo sobre la transparencia
El debate sobre el Decreto 780/2024 promete ser uno de los más intensos en el Congreso en las próximas semanas. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de organizar el acceso a la información, los bloques opositores ven en ella un intento de limitar la transparencia y evitar el control ciudadano sobre los actos de gobierno.
Ambas iniciativas legislativas —la de la Coalición Cívica y el pedido de informes de Encuentro Federal— se suman a la presión para que el decreto sea revisado o derogado. Con figuras como Pichetto, Stolbizer, López Murphy y otros de gran peso político impulsando la discusión, el Gobierno enfrenta un desafío considerable para sostener una medida que muchos consideran un retroceso democrático
