La Cámara de Diputados oficializó hoy la convocatoria a la sesión especial pedida por bloques dialoguistas, a fin de rechazar el veto presidencial a la ley de jubilaciones. Para cumplir con este propósito, el recinto debe reunir el voto de los dos tercios de los legisladores.
Esa mayoría agravada la tendrán que reunir para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero. Además, establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados, lo cual denegó el presidente Javier Milei por ir en contramano al lema «déficit cero».
El secretario parlamentario, Adrián Pagan, comunicó hoy que se citó a la sesión del miércoles a las 11, solicitada por el radical Fernando Carbajal. Esta estará acompañada por una veintena de legisladores de la UCR, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica.
El poroteo en la Cámara de Diputados
Ahora, en una carrera contrarreloj, el oficialismo, junto a sus aliados del PRO y otros bloques provinciales, busca garantizar 86 legisladores para impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso. La Libertad Avanza tiene asegurados sus 36 legisladores-ya que no vota el presidente de la cámara Martín Menem- y 36 del PRO. Todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González, 3 del MID y dos de Buenos Aires Libre.
El PRO había aportado 30 votos en contra de la ley jubilatoria, ya que se ausentaron siete legisladores, entre los que figuran Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal. Ahora dicen que estarán presentes para rechazar el veto, según informaron fuentes de esa bancada.
Ahora espera sumar a la tucumana Paula Amodeo, y dos diputados de Producción y Trabajo y tres de Independencia, con lo si logra sumar a estos legisladores tendría hasta ahora 83 legisladores para poder defender el veto presidencial.
Su mirada está puesta en los legisladores de Encuentro Federal, Francisco Morchio, el libertario correntino Federico Tournier, el entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, y los radicales que responden a los gobernadores de Corrientes Gustavo Valdes y de Mendoza, Alfredo Cornejo, para alcanzar un número que permita bloquear los dos tercios.
Tampoco descartan para garantizar tener sus 33 votos proponer una insistencia parcial y no insistir con los artículos más cuestionados por el Gobierno sobre el aumento adicional en marzo, y la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales y las sentencias firmes. En cambio, el bloque de Unión por la Patria, también buscará que concurran los 99 legisladores y rechacen el veto presidencial que fue publicado hace una semana.
¿Qué plantea la modificación que vetó Milei?
El pedido de sesión especial realizado el jueves pasado por los opositores es para evitar tener que emplazar a la comisión de Presupuesto, que es una de los dos organismos parlamentarios que deben tratar ese dictamen, ya que su presidente José Luis Espert (LLA) no la convocará para debatir ese veto presidencial.
El proyecto vetado contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6% y ese es el punto que centralmente rechazaba el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.
También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año, pero hay diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios de acuerdo al Ripte.
En ese sentido, fija que «adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el ano calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado».
También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales donde fija que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.
El Gobierno argumentó para rechazar la ley que, si se llega a aplicar, generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que «equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante».
En tanto, marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.
