La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta una nueva denuncia judicial por presunto abuso de autoridad y violación de deberes como funcionaria pública, tras el operativo de seguridad desplegado en la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria. El abogado Gregorio Dalbón fue quien presentó la denuncia, haciendo hincapié en el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta en las inmediaciones del Congreso.
El caso fue sorteado y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el Juzgado Federal 9 en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a datos de la agencia NA, el abogado Dalbón ha solicitado ser citado para ratificar y ampliar su denuncia, la cual incluye la represión a una niña de diez años que, según videos difundidos por medios de comunicación, fue rociada con gas pimienta mientras se encontraba con su madre agachada en un intento de protegerse.
Dalbón basó su denuncia en el artículo 248 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para quienes dicten órdenes contrarias a la ley o no ejecuten aquellas cuyo cumplimiento es de su responsabilidad. La gravedad de los hechos denunciados también podría acarrear la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo que dure la condena.
Organizaciones de derechos humanos también denunciaron a Bullrich por el operativo policial
Este no es el único frente judicial que enfrenta Bullrich. Además de la denuncia de Dalbón, la funcionaria fue denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria, representada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. En este caso, la denuncia quedó radicada en los tribunales federales de Retiro y está a cargo de la jueza María Servini, aumentando la presión sobre la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
La represión durante la protesta ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores, y el video que muestra a la niña afectada por el gas pimienta ha desatado una ola de críticas hacia el operativo policial. A pesar de ello, Bullrich ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, argumentando que la situación se desbordó por la violencia de algunos manifestantes, aunque esto no ha frenado las denuncias.
Alejandra Monteoliva, funcionaria numero 2 del Ministerio de Seguridad, también fue denunciada en relación con los mismos hechos. Según la denuncia presentada, Monteoliva habría incurrido en una violación de deberes similares a los atribuidos a Bullrich, lo que pone bajo la lupa no solo a la ministra sino también a otros responsables de la gestión de la seguridad en la protesta.
