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POLÍTICA

El gobierno de Javier Milei auditará millonarios gastos realizados por los exministros Victoria Tolosa Paz y Daniel Filmus

Según una investigación, previo a dejar su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, Tolosa Paz autorizó subsidios a una cooperativa que administraba un “bar militante”.

Victoria Tolosa Paz

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología, audita partidas presupuestarias destinadas a programas, organismos de derechos humanos, universidades y cooperativas de dudosa procedencia. Tres semanas antes de dejar el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz autorizó subsidios a una cooperativa que administraba un “bar militante”.

Tras una auditoría interna, Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, suspendió la operatoria de la Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Ltda y la Cooperativa Lo de Néstor Ltda. Lo hizo a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). La cooperativa 7 de Mayo Ltda está involucrada en la causa de los seguros, en la que se investiga al expresidente Fernández, junto a otras personas y empresas, según una investigación del periodista Luis Gasulla.

La cooperativa de Trabajo 7 de Mayo operaba en un bar de Palermo Hollywood que, aparentemente, hacía de fachada. El 80% de su facturación se realizaba a empresas y personas responsables inscriptos y no a consumidores finales. Esos responsables inscriptos, en su mayoría, estaban involucrados en el negocio de los seguros, como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros.

El Inaes le quitó el subsidio que la cooperativa 7 de mayo había recibido durante el año 2022 por la suma de $ 15.000.000. Los papeles no aparecían. El Gobierno nacional le reclamó a la entidad que devuelva la millonaria partida. Otra Cooperativa de Trabajo llamada “Lo de Néstor Ltda” también fue suspendida como consecuencia de la obstrucción de sus autoridades a la inspección del Inaes que, durante el Gobierno anterior, controlaba un militante del Movimiento Evita, Alexandre Roig.

El impedimento a la fiscalización pública no permitió indagar sobre el importante volumen, tanto en cantidad como en montos, de cheques que fueron cobrados por caja de la cuenta bancaria de la entidad. Son 61 cheques por un monto total de $15.870.000 entre marzo de 2022 y marzo de 2023. A su vez, existieron 34 transferencias al presidente de la cooperativa por un total de $ 2.290.000.

“Lo de Néstor” administraba un “bar militante” en San Telmo cuyo titular es el sindicalista cercano a Alberto Fernández y Juan Grabois, Leonardo Alejandro Duva. A su vez, “Lo de Néstor” también recibía fondos del Ministerio de Cultura de Tristán Bauer por operar en el Instituto Juan Domingo Perón. En el último año recibió más de 64 millones de pesos en subsidios.

Las sospechas en torno a Daniel Filmus

Por su parte, el 17 de noviembre del 2023, 23 días antes de dejar el poder, el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de Daniel Filmus destinó $ 42.620.000 a la Universidad Nacional de La Plata para la realización de una muestra sobre las Abuelas de Plaza de Mayo. Los auditores se preguntan por qué la partida salió del Ministerio de Ciencia y Tecnología hacia una universidad pública y no desde el Ministerio de Educación, agregó Gasulla.

11 días después, nuevamente, la cartera de Ciencia y Tecnología giró una partida por $ 39.955.000 para otra muestra sobre Abuelas de Plaza de Mayo. En esta ocasión, el dinero lo recibió la Fundación para la Innovación y Trasnferencia de Tecnología Innota T dependiente del Conicet. Es decir, en una semana, el organismo de derechos humanos presidido por Estela de Carlotto, recibió $ 82 millones.

Los auditores se preguntan por qué no se realizó una única muestra y se ahorraban $ 40 millones. A su vez, desconfían de los costos de cada una de las muestras. También analizan convenios firmados por el exministro con dirigentes sociales y piqueteros cercanos a Alberto Fernández. Las autoridades actuales del Conicet reciben a diario los reclamos de becarios que tienen sueldos por debajo de la canasta básica y cuestionan los subsidios a “proyectos científicos” vinculados a las áreas sociales que reciben hasta $ 3 millones y que tienen una matriz militante, según fuentes de la Secretaría de Innovación.