El Gobierno nacional oficializó hoy la declaración de la actividad aérea como «servicio esencial», lo que restringe el derecho a huelga en este sector. La medida, anunciada el viernes pasado y publicada hoy en el Boletín Oficial a través de los decretos 825 y 831, ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios aeronáuticos, quienes ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para revertir la decisión y advirtieron que el conflicto con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno «se va a agravar».
La normativa establece que, al tratarse de un servicio de alta importancia para el país, es legítimo requerir un servicio mínimo en caso de huelgas, para evitar consecuencias graves como la afectación de la seguridad pública, el suministro de insumos esenciales o la conectividad internacional.
La declaración de “servicio esencial”
Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), sostienen que la interrupción del servicio aéreo puede generar «consecuencias graves para el país», afectando tanto el comercio local como internacional. Además, argumentan que esta medida busca proteger a los usuarios y consumidores que sufren las consecuencias de los conflictos laborales, al tiempo que se salvaguardan las actividades económicas que dependen de la conectividad aérea.
La norma obliga a las partes a acordar los servicios mínimos que se mantendrán durante los conflictos laborales dentro de las 24 horas de notificada la medida. Si no se llega a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación intervendrá para determinar las prestaciones necesarias, garantizando un mínimo del 50% de la actividad regular, especialmente en rutas con un solo servicio disponible.
Rechazo sindical y amenaza de judicialización
Los gremios aeronáuticos, en particular la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), han manifestado su rechazo categórico a la declaración de la actividad aérea como «servicio esencial». El titular de APLA, Pablo Biró, calificó la medida como “ilegítima e ilegal”, y anunció que acudirán tanto a la Justicia local como a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la decisión.
Biró defendió el derecho de huelga como un “medio legítimo” para defender los intereses laborales, especialmente en un contexto de reclamos salariales. «El conflicto se va a agravar. Nos acusan de hacer paros salvajes, pero esa figura no existe. El paro es un derecho fundamental», sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
El contexto del conflicto
El conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno viene escalando en los últimos meses, con varios paros convocados por los sindicatos en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. La última medida de fuerza, llevada a cabo el viernes pasado, afectó a miles de pasajeros y derivó en la decisión del Gobierno de declarar a la actividad como «servicio esencial», limitando así la capacidad de los gremios para llevar a cabo paros totales.
Impacto en el sector y en la conectividad del país
El Gobierno argumenta que la medida es necesaria para evitar daños irreversibles al sector aéreo, considerado fundamental para la conectividad interna y externa de Argentina. La interrupción del servicio, señala el decreto, podría generar efectos adversos en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en industrias que dependen directamente de este medio para su funcionamiento. En este sentido, el decreto busca equilibrar el derecho a huelga con la necesidad de mantener servicios mínimos para evitar un colapso en la conectividad.
No obstante, los gremios sostienen que la medida es un ataque directo a los derechos laborales y advierten sobre las consecuencias de profundizar el conflicto en un sector ya tensionado por los problemas económicos de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Perspectivas a futuro
Con el conflicto aún latente, y la amenaza de judicialización por parte de los gremios, el panorama se presenta incierto. Mientras el Gobierno busca garantizar un servicio mínimo que evite mayores perjuicios al país, los sindicatos están decididos a defender su derecho a huelga. Las próximas semanas serán clave para determinar si se logra un acuerdo entre las partes o si, por el contrario, el conflicto se profundiza con nuevas medidas de fuerza y litigios judiciales.
